El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Jere ha lamentado la ausencia de los representantes de la Junta de Andalucía, a través de las agencias Agapa e IDEA, y del concejal del Grupo Municipal Socialista nombrado consejero en el Pleno, Luis Flor, en la junta general que con carácter extraordinario ha celebrado este jueves el Parque Científico Tecnológico Agroindustrial (PCTA) para analizar la situación económica y financiera de la sociedad.
En un comunicado, el gobierno local expresa su "sorpresa" teniendo en cuenta que "fue precisamente en las reuniones que se han mantenido durante todo el verano con representantes de la Administración autonómica, para analizar la situación del parque, en las que se acordó de forma consensuada llevar a cabo un plan de viabilidad que garantice la continuidad del parque y convocar, por tanto, una Junta General extraordinaria".
En este sentido, considera "una deslealtad institucional" la ausencia de la Junta, al haberse "quitado de en medio en el momento en que el parque necesita del consenso de todos para sacarlo adelante, dando una vez más la espalda a la ciudad".
Asimismo, recuerda que "la Junta de Andalucía no sólo es corresponsable de esta situación, sino que además se opuso al cambio de gerente, un relevo que ha permitido destapar la situación tan complicada en la que se encontraba el parque por la mala gestión del anterior Gobierno del PSOE".
ACUERDOS
Informa de que en la sesión de este jueves se ha acordado convocar el consejo de administración del PCTA para que en el mismo se tomen las medidas oportunas que garanticen la viabilidad del parque y, por tanto, su continuidad como se ha hecho en otras empresas municipales como Cirjesa o en Onda Jerez.
En concreto, se ha aprobado instar al consejo de administración para que tome las decisiones que hagan viable el parque, entre ellas poner en conocimiento del Juzgado de los Mercantil las negociaciones para llegar a un acuerdo de refinanciación del PCTA, lo que se conoce como preconcurso de acreedores.
El equipo de gobierno ha querido transmitir un mensaje de "tranquilidad" a las empresas ubicadas en el parque, ajenas a esta medida, y ha reiterado que "precisamente esta decisión se toma porque el PCTA tiene futuro si se sigue gestionando con transparencia y dotándolo de un Plan de Viablidad".
"RESPONSABILIDAD" DEL PSOE
Por otra parte, ha hecho hincapié en el "daño" que ha supuesto para el parque la actividad inmobiliaria que el anterior gobierno socialista desarrolló en el mismo. En este punto, deja claro que "hay que separar la gestión de la sociedad de la actividad inmobiliaria heredada del anterior gobierno y que ha supuesto un lastre para la sociedad, por mucho que el PSOE no quiera hablar de herencia, dejando dos edificios, como son el contenedor de empresas y el centro tecnológico del vino sin terminar y sin posibilidad de explotación".
De hecho, apunta que el informe de la Intervención General del Estado pone de manifiesto las "irregularidades" cometidas en las obras de construcción el contenedor de empresas, en los años 2009 y 2010, durante la etapa del gobierno de la socialista Pilar Sánchez. Según dice, este documento ya ha sido puesto en conocimiento de la Fiscalía.
Entre estas "irregularidades", el informe revela que "no se publicó en el BOE el anuncio de licitación, tampoco en la Plataforma de Contratación del Estado, ni en el perfil del contratante". Según el gobierno local, en el escrito se dice también que "si la adjudicación hubiese sido la correcta, el ahorro en la construcción del edificio hubiera ascendido a unos 565.000 euros".
Recuerda, igualmente, que el parque pidió una subvención para realizar el contenedor de 13,5 millones de euros en tres anualidades, pero "sólo se concedieron dos, en 2009 y 2010, y en lugar de readaptar el proyecto al importe de las subvenciones, ejecutó el proyecto inicial, dejando el edificio sin acabar y, por tanto, no cumpliendo con la finalidad de la ayuda".
Como consecuencia de todo esto, la intervención ha emitido un informe en el que pide al parque el reintegro de 6,3 millones de euros por la no terminación del edificio y por las "irregularidades" detectadas, habiéndose hecho por parte del gobierno actual las alegaciones oportunas, al ser "uno más de los problemas que heredó del anterior gobierno del PSOE".
Por último, ha insistido en pedir a la Junta de Andalucía responsabilidad en una situación de la que es "corresponsable" y a la que "no puede dar la espalda", recordándole también que tiene "una deuda pendiente de 1,2 millones de euros", correspondientes, según dice, de los que 608.000 euros corresponden a infraestructuras del año 2008 y los 600.000 restantes a la financiación basal correspondiente a los años 2011 y 2012.
Asimismo, apostilla que en 2013 y 2014 "no ha habido ayuda para ningún parque porque la Junta de Andalucía las ha eliminado de los presupuestos".
