La Fiscalía de Sevilla ha solicitado penas de entre ocho meses y un año de cárcel para diez ocupas del Centro Social Ocupado y Autogestionado (CSOA) Casas Viejas que serán enjuiciados los próximos días 16 y 18 de septiembre en el Juzgado de lo Penal número 14 por delitos de desórdenes públicos y de resistencia y desobediencia grave a agentes de la autoridad.
Según indica la Fiscalía en su escrito de acusación, al que ha tenido acceso Europa Press, los hechos tuvieron lugar a las 8,30 horas del 29 de noviembre de 2007, cuando una comisión judicial se personó auxiliada por varios agentes de la Policía Nacional en este inmueble a fin de proceder al desalojo de la finca, aunque no pudieron acceder a su interior debido a que las puertas de acceso estaban bloqueadas y fuertemente aseguradas.
Tras conseguir acceder a su interior sobre las 9,30 horas, se encontraron a los acusados Luis Miguel L.R. y Andrés Z.D. con el brazo encadenado e introducido en un tubo encastrado en hormigón, mientras que otra imputada estaba en el interior de un pozo cavado en el suelo de una de las habitaciones, colgada a media altura y tumbada en un tablón en horizontal y con un brazo encadenado e introducido en un tubo encastrado en hormigón.
Asimismo, al final del pozo se localizó un pasillo hormigonado de forma rectangular de cuatro metros de longitud que finalizaba en una puerta de hierro fuertemente anclada a la pared, puerta tras la que había un zulo donde se encontraban los acusados Rubén Iván D.P. y Agustín G.T., quienes manifestaron "su voluntad de no abandonar la finca y de permanecer en esa actitud pasiva de forma indefinida", siendo apercibidos por los agentes de que estaban cumpliendo una orden judicial de desahucio y que podrían incurrir en un delito de desobediencia.
Seguidamente, llegaron al lugar los Bomberos, que comprobaron que los dos acusados tenían uno de sus brazos introducidos dentro de un tubo de hierro anclado con una cadena al final del mismo, siendo infructuosas todas las gestiones efectuadas para hacer deponer la actitud de los acusados, que "se negaban a salir y a prestar cualquier tipo de colaboración para ser liberados".
Al día siguiente, se iniciaron las gestiones para desalojar la finca, "continuando los acusados en la misma actitud obtruccionista durante todo el día", de manera que "ante el riesgo grave de derrumbe del habitáculo y de aplastamiento de los que allí se encontraban", los Bomberos aseguraron el habitáculo mediante su apuntalamiento, teniendo los acusados que ser inmovilizados por los policías "dado el gran estado de agitación que presentaban y las amenazas que proferían de derrumbar los puntales".
Asimismo, y de forma paralela al intento de desalojo, sobre las 10,00 horas del 29 de noviembre de 2007 se inició en el exterior del inmueble una concentración protagonizada por un centenar de personas que cortaron varios puntos de las calles Resolana, San Juan de Rivera y Ronda de Capuchinos, desobedecieron las órdenes de los agentes para que volvieran a las aceras y respondieron con agresiones físicas a los policías.
Según la Fiscalía, el acusado Carlos Javier S.E. era quien dirigía y ordenaba a los manifestantes las acciones a realizar en cada momento, mientras que Sergio H.M., Jorge Y.T., y Alicia P.G. desobedecieron "reiteradamente" las órdenes de la Policía y participaron en destrozos del mobiliario urbano en la calle Feria.
La Fiscalía pide para estos últimos cuatro acusados un año de cárcel por un delito de desórdenes públicos, mientras que para los otros seis imputados solicita ocho meses de prisión por un delito de resistencia y desobediencia grave a agentes de la autoridad.
Un ocupa de Casas Viejas ya fue condenado a pagar una multa de 3.600 euros y una indemnización de 1.200 euros por un delito de calumnias tras acusar a dos agentes de la Policía Nacional de torturas físicas y psicológicas.
