El Ministerio de Justicia está trabajando en un borrador de ley para la constitución de un registro oficial de traductores que actúen en los procesos judiciales y que incluirá un "riguroso" cuadro de sanciones e infracciones con el fin de evitar comportamientos "abusivos" y de prevenirlos.
Así figura en una respuesta del Gobierno, a la que ha tenido acceso Europa Press, a la pregunta del diputado de CiU Jordi Jané sobre las deficiencias en los servicios de traducción, como quedó patente en el juicio abierto en la Audiencia Nacional contra los acusados de bloquear el Parlamento catalán el 15 de junio de 2011.
Justicia explica que se encuentra trabajando en un borrador de ley para crear un registro de traductores e intérpretes judiciales que actúen por designación del juez o del secretario judicial. La norma regulará las condiciones de acceso, ejercicio y baja en el registro con el fin de salvaguardar la equidad del proceso judicial y garantizar la máxima calidad de los servicios ofrecidos por estos profesionales.
Aunque evita responder sobre el caso del asalto al Parlament, recuerda que ha aprobado un proyecto legislativo que mejora el derecho a interpretación y a traducción en los procesos penales para adecuar esta materia a la normativa europea.
Por último, concluye que la provisión de traductores e intérpretes y los medios para que este servicio funcione correctamente en los juzgados corresponde a las comunidades con las competencias transferidas, como es el caso de Cataluña.
