El secretario general adjunto de CiU, Lluís Corominas, espera que el Gobierno de Rajoy "tenga un punto de inteligencia" y deje celebrar la consulta en Cataluña el próximo 9 de noviembre, porque supondría "ejercer la democracia en estado puro", mientras que el secretario general de CiU, Ramón Espadaler, ha defendido que la superación del contencioso entre Cataluña y España "debe tener una salida política, dialogada y en el marco de la legalidad, como intenta hacerlo el Govern de la Generalitat".
Corominas y Espadaler han realizado estas declaraciones en Foronda (Álava) donde el PNV celebra el Alderdi Eguna (Día del Partido) 2014 y han hecho referencia a la firma celebrada este pasado sábado del decreto de convocatoria de la consulta de Cataluña para el próximo 9 de noviembre y a la decisión del Gobierno central de presentar los recursos ante el Tribunal Constitucional para suspenderla.
Corominas cree que si finalmente el recurso del Gobierno central sigue adelante, significa que "no han entendido nada de lo que ha pasado en Cataluña en estos años" por lo que espera que el Gobierno de Rajoy "tenga un punto de inteligencia" y deje celebrar la consulta el próximo 9 de noviembre, lo que supondría "ejercer la democracia en estado puro".
"Creemos que en este punto final, podemos hacer una apelación a la inteligencia y sobre todo al respeto a la democracia y a la voluntad mayoritaria del pueblo de Cataluña, que ha hecho, de manera cívica y democrática un proceso modélico", ha insistido.
Ante la posibilidad de que esta petición no se atienda, ha explicado que, "con medidas jurídicas, políticas y a nivel social, no dejaremos de reivindicar poder votar el día 9". "Estaremos activos y haremos lo posible para que el día 9 se pueda votar en Cataluña", ha reiterado.
El secretario general de CiU, Ramón Espadaler, por su parte, ha puesto en valor la firma del decreto celebrada este pasado sábado con el que cree que "se conjuga el anhelo de una parte muy sustantiva de la ciudadanía de Cataluña con las instituciones articulando, a través de la legalidad, la Ley de Consultas". "Estamos convencidos de su adecuación al marco estatutario y constitucional", ha subrayado.
En referencia a la reacción del Gobierno central, ha considerado que no fue una "sorpresa" pero ha manifestado que "el cumplimiento de la legalidad no está en absoluto, en contradicción con la firmeza de defender la necesidad y voluntad firme de la Generalitat de poder ser convocados a las urnas el 9 de noviembre".
"Legalidad no es incompatible, no es excluyente, del concepto de firmeza en la defensa de la voluntad ampliamente compartida por una parte importante de la ciudadanía de Cataluña y por el Gobierno de la Generalitat y por los grupos parlamentarios desde muy distintas expresiones, dan apoyo al mismo", ha indicado.
Asimismo, ha señalado que la superación del contencioso entre Cataluña y España "debe tener una salida democrática" y ha subrayado que "la alternativa no es una negativa constante y rotunda como la vista hasta el momento". "El contencioso es de naturaleza política, no jurídica, y por tanto, hay que darle una salida política, dialogada y en el marco de la legalidad como intenta hacerlo el Govern de la Generalitat", ha zanjado.