El procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, ha informado este martes de que tres soldados mexicanos han sido acusados de homicidio por su participación en una presunta matanza de 22 delincuentes en la localidad de Tlataya, en el estado de México, un suceso que tuvo lugar el pasado 30 de junio.
El funcionario mexicano ha explicado que los militares "incurrieron en el exceso de la fuerza", según ha recogido el diario mexicano 'El Universal'. "Al cesar los disparos (tras el enfrentamiento), ingresaron tres de los elementos militares y realizaron una secuencia nueva de disparos que no tiene justificación alguna", ha denunciado Murillo Karam.
La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ha mantenido hasta el momento que se trató de un enfrentamiento entre miembros del Ejército y personas armadas que agredieron a los soldados. Sin embargo, estas nuevas declaraciones darían crédito a las versiones de varios testigos, que --en declaraciones a la edición mexicana de la revista 'Esquire'-- insisten en que se trató de una "ejecución", después de que los delincuentes se rindiesen.
Durante una rueda de prensa, el procurador General de la República ha reconocido que la confrontación contra los delincuentes duró de ocho a diez minutos, y ha añadido que al terminar los disparos tres soldados ingresaron al almacén donde se encontraban los sospechosos, donde "realizaron una secuencia nueva de disparos". Sin embargo, Murillo Karam ha dicho que no se puede afirmar que los civiles fueran ejecutados.
"La Procuraduría General de la República ha tomado la determinación de culminar la averiguación previa con una acusación de homicidio en relación a los tres participantes que dispararon, según las pruebas periciales que hemos podido detectar", ha sentenciado.
El pasado 26 de septiembre la justicia militar detuvo a ocho militares mexicanos, entre los que se encuentran los tres presuntos homicidas, y les acusó de infracciones a la disciplina militar. Uno de ellos, con cargo de teniente, también debe enfrentarse a un presunto delito de desobediencia e infracción de deberes.
De acuerdo con las nuevas informaciones ofrecidas por el PGR, el teniente del grupo, el chofer y un militar herido no participaron en los disparos en el almacén. Además, se descarta la posibilidad de que los soldados grabasen el enfrentamiento
El titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda, aseguró (cuando surgió la polémica) que el Ejército respetará en todo momento los Derechos Humanos de la población civil y añadió que "quien no lo haga será puesto a disposición de las instancias jurídicas para que sean ellas las que determinen las sanciones correspondientes".
"Nuestro compromiso es y será, a pesar de los riesgos a los que se ven expuestos las tropas, proteger a la sociedad a la que nos debemos, respetando los derechos fundamentales", sentenció.
