Un total de siete de los 13 acusados por delitos contra la salud pública, tras supuestamente dedicarse al tráfico de cocaína, en el norte de la provincia cordobesa, han aceptado penas de dos años de prisión para cada uno de ellos, de manera que el juicio continuará el día 9 en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba con los otros procesados, entre ellos el agente de la Guardia Civil acusado, que en esta ocasión no ha comparecido.
Al respecto, el Ministerio Público ha solicitado para los procesados penas que van entre los once y los siete años de prisión, concretamente para el agente de la Benemérita ha pedido una pena de once años de cárcel y una multa que supera los 60.000 euros, además de la inhabilitación especial para empleo o cargo público.
Según recoge la calificación fiscal, a la que ha tenido acceso Europa Press, la investigación la inició la Guardia Civil de Peñarroya-Pueblonuevo, después de que entre los años 2008 y 2009 comprobaron que dos de los procesados supuestamente coordinaban todas las operaciones y distribuían la droga, bien desde un club del citado municipio cordobés o bien a través de los otros acusados.
En concreto, adquirían la cocaína y otras sustancias en Sevilla a través de dos de los procesados y desde Córdoba y otras localidades, a través de otros tres acusados, entre ellos una mujer, quienes supuestamente ocultaban la droga en sus respectivos domicilios en Peñarroya.
Mientras, otros dos procesados realizaban labores de intermediarios en la búsqueda de clientes, así como la ocultación y obtención de sustancias para la posterior venta por parte de los otros acusados. Además, otras tres personas residían en domicilios de Belmez y supuestamente se dedicaban a la venta y distribución de droga.
Por otra parte, el agente de la Guardia Civil, activo en el momento de los hechos, supuestamente era el encargado de informar a los procesados sobre las operaciones policiales y "facilitar así de forma activa la venta de droga, adquiriendo él también para su consumo", según relata el fiscal, quien además de la pena de once años de cárcel, solicita para él inhabilitación especial para empleo o cargo público.
Durante la operación, los agentes realizaron diferentes registros domiciliarios, en los que hallaron diversas cantidades de sustancias estupefacientes, entre ellas cocaína, así como distintas balanzas y dinero. Cabe destacar que parte de los acusados estuvieron en prisión preventiva.