La Comisión Provincial de Valoraciones, dependiente de la Consejería de Presidencia de la Junta de Andalucía, ha estimado la petición de uno de los agricultores cuyos terrenos fueron expropiados en Roquetas de Mar (Almería) para la construcción de la variante en 2007 en la que demandaba el pago de la indemnización por la ocupación de los terrenos agrícolas pese a que las obras no se hayan ejecutado.
El dictamen de la comisión, el primero sobre estas ocupaciones que afectan a cerca de 200 personas, da la razón a un agricultor que urgía a ser indemnizado ya por la ocupación de su invernadero puesto que su terreno fue ocupado en cualquier caso, pese a que no se haya llegado a ejecutar la obra civil.
El afectado pedía así tener acceso a la correspondiente indemnización para "paliar los efectos negativos que ha sufrido, al no poder dedicarlos a su uso natural, que es la explotación agrícola, ni haber podido beneficiarse de un aprovechamiento urbanístico de los mismos", según ha explicado Escobar Navarrete Abogados en una nota.
La propia comisión ha establecido que la administración responsable de establecer los justiprecios correspondientes a los terrenos en cuestión es el Ayuntamiento de Roquetas de Mar, desde además se tiene que abonar estas cuantías "en un plazo de tiempo cercano", puesto que "los propietarios de las fincas afectadas tienen derecho a ser expropiados y a no esperar indefinidamente a que el Ayuntamiento materialice el pago del justiprecio por los suelos".
"No se puede permitir que quede indefinidamente al arbitrio de la administración el adoptar su decisión, manteniendo 'sine die' a los propietarios afectados", afirma el dictamen de la Comisión Provincial de Valoraciones emitido el pasado 17 de septiembre.
La ocupación de los terrenos sobre los que discurrirá la variante que conectará la A-7 a su paso por Roquetas de Mar con la urbanización Playa Serena es del año 2007. Los representantes legales del afectado han mostrado su "satisfacción" por este acuerdo, en el que se establece "con toda claridad" que el particular "tiene derecho a ser expropiado, así como que la administración que tiene la obligación de expropiar es el Ayuntamiento de Roquetas de Mar, y no la Junta de Andalucía como siempre ha defendido el Ayuntamiento".
La Comisión iniciará el expediente de valoración de los terrenos, fijando el precio que el Ayuntamiento de Roquetas de Mar tendrá que pagar por la expropiación de los suelos que ocupó próximamente, según han añadido desde el bufete.