El coordinador local de UPyD, José Luis Fernández Núñez, ha arremetido contra el equipo de Gobierno tras conocerse que hubo solicitado el sobreseimiento de la causa judicial contra los tres directivos de la empresa municipal de limpieza, Algesa, que Aduanas detuvo por un presunto delito contra la propiedad intelectual, cuando salían del punto limpio de Los Guijos con mercancía falsificada que debía ser destruida.
Fernández Núñez considera "incompresible la gestión realizada por el delegado de Algesa, Luis Ángel Fernández, quien en su momento convocó a los partidos políticos de la Corporación Municipal para recabar los apoyos necesarios de cara a proceder a los despidos de los directivos y, sin embargo, el pasado mes de mayo les omitió que el Consistorio pedía al magistrado del Juzgado de Instrucción número 1 el archivo de la causa".
El responsable local de UPyD ha reprochado al Ayuntamiento que "justificara su petición de sobreseimiento en que las marcas no se hubieran personado en la causa, así como que considere a éstas como las verdaderamente perjudicadas. Estoy seguro que si las compañías, y no el pueblo de Algeciras, tuvieran que afrontar los miles de euros de las indemnizaciones por los despidos improcedentes y los costes del pleito, no hubieran instado el archivo de la causa”, ha manifestado.
Lo más "escandaloso" para Fernández es que "acto seguido de aprobarse el despido de los trabajadores Manuel López y Juan José González, gerente y jefe de Servicios de Algesa respectivamente, se modificara el convenio colectivo de la empresa, asegurando la reserva de su puesto de trabajo a cualquier trabajador condenado por apropiación ilícita de caudales públicos en el ejercicio de su cargo, una vez hubiera cumplido condena".
Al coordinador de UPyD le parece "paradójico" el hecho de que "los despidos fueran declarados improcedentes por un defecto de forma, siendo entonces la jefa de Recursos Humanos, Patricia Rodríguez, también involucrada en el caso Algesa, pues salió en defensa de los detenidos argumentando que las actuaciones contra los mismos respondían a una trama política orquestada por el PP, y que estaba en posesión de grabaciones que lo demostraban".