El portavoz socialista del Ayuntamiento de Sevilla, Juan Espadas, ha manifestado este jueves que ha recibido las quejas de usuarios del centro deportivo Fundición, la primera de las instalaciones municipales cuya gestión ha sido "privatizada" por Zoido pese a la resistencia de oposición y vecinos. Ahora, la piscina ha tenido que ser cerrada "por el mal estado de mantenimiento del agua, una situación que estaba siendo alertada semanas atrás por los usuarios que detectaban suciedad y agua turbia, así como mal olor pese a que desde la gestión privada del centro se informaba de la correcta calidad".
Las denuncias recibidas por el Grupo Municipal Socialista por el deficiente mantenimiento de las instalaciones, según Espadas, se extienden de igual forma al estado de taquillas y vestuarios, donde además han eliminado aseos y cambiadores para ganar espacio.
Espadas quiere conocer "la fiscalización del funcionamiento del centro que corresponde al Ayuntamiento. Zoido no puede desentenderse sin más de una instalación municipal por el hecho de que se privatizara su gestión. La calidad de la prestación del servicio, así como el uso y mantenimeinto adecuado de las instalaciones, debe ser garantizada por el Ayuntamiento, por lo que el IMD debe responder ante el cierre y ante las quejas de usuarios".
"Por encima de la empresa adjudicataria debe estar el IMD. No pueden acumularse denuncias por descontrol en los cursos y en el acceso a la piscina sin que se obtenga respuesta por el titular de la instalación. La pérdida de calidad y el mal funcionamiento no pueden pagarlo los sevillanos como consecuencia directa de una privatización que jamás debió producirse y que, de entrada, afectó de lleno a los precios con subidas de hasta el 100% en algunos casos", explica.
En junio los socialistas ya denunciaron que servicios como los cursos de natación pasaron de costar 20 euros a costar 42 y con un horario reducido que pasaba de una hora a 45 minutos. Ahora, la información de que disponen los usuarios es que la subida llegará también a los pensionistas a los que se les acaba la prórroga conseguida tras las protestas de antes del verano y tendrán que pagar el precio de tarifa sin reducción a partir de noviembre.
El Grupo Socialista recuerda además que mantiene un recurso por vía Contencioso Administrativo contra la privatización por la inclusión de un parking rotatorio en el pliego de condiciones y por la decisión de dejar en manos privadas una instalación construida gracias a la inversión pública. "Hemos recurrido este contrato y hemos pedido en repetidas ocasiones la paralización del proceso. Y lo hemos hecho principalmente por los usuarios y que ya están sufriendo las consecuencias", concluye el portavoz socialista.