El concejal de Unión Cordobesa (UCOR) en el Ayuntamiento de Córdoba Carlos Baquerín ha advertido este lunes por carta al alcalde, José Antonio Nieto (PP), que "su obligación es la de defender con lealtad el dominio público local y cualquier acción por su parte que suponga un perjuicio evidente e irreparable para los intereses municipales queda sujeta a responsabilidades civiles y penales".
En este sentido y a través de la citada misiva, a la que ha accedido Europa Press, Baquerín ha instado a Nieto "a que, en ningún caso, la Gerencia de Urbanismo o el Ayuntamiento de Córdoba procedan a la devolución de las llaves del recinto de la Plaza del Triunfo de San Rafael" al Obispado de Córdoba, que lo ha registrado a su nombre, cuando entiende Baquerín que se trata de un bien que es patrimonio de la ciudad.
Por eso, según ha argumentado el edil de UCOR, no debe el Consistorio entregar las llaves a la Diócesis de Córdoba, "porque ello supondría tanto como una renuncia definitiva, mediante 'traditio ficta', a cualquier acción o reivindicación jurídicas que pudieran corresponder al Ayuntamiento y ello en claro perjuicio del patrimonio municipal y del interés y los derechos de todos los vecinos de Córdoba".
En consecuencia, si se llegara a tal situación, el alcalde, en opinión de Baquerín, estaría incurriendo en "responsabilidades civiles y penales, que desde luego, en función de mi cargo yo estaría obligado a exigirle", según ha subrayado el concejal de Unión Córdoba.
Para llegar a este punto, Baquerín ha señalado en su carta a Nieto que, "a la vista del informe emitido por la Asesoría Jurídica Municipal de referencia IN-2014/144, me veo en la necesidad de indicarle que hay motivos suficientes para pensar que el Triunfo de San Rafael y su plaza son de titularidad pública y que la Diócesis de Córdoba ha procedido a su inmatriculación de forma ilegítima, aprovechándose de las circunstancias y de la lamentable situación del inventario municipal, de la que usted y su gobierno son directamente responsables".
Por tanto, según prosigue Baquerín en su escrito, "siendo muy posible que se trate de bienes demaniales, tal inmatriculación por parte de la Diócesis no sería nunca oponible al Ayuntamiento de Córdoba, mientras éste no realice actos expresos o tácitos que pudieran suponer acatamiento o conformidad, y por tanto su posesión, de haberse perdido, sería plenamente recuperable".
De hecho, entiende Baquerín que el Consistorio no habría perdido la posesión del monumento y la plaza citados, "puesto que las llaves del recinto se supone que permanecen todavía en poder del que, pese a la silenciosa inmatriculación de la Diócesis, muy bien podía ser su legítimo propietario, el Ayuntamiento de Córdoba", ya que "el registro de un inmueble no es constitutivo, solo es declarativo, y por tanto no configura la esencia del derecho de propiedad, solo lo protege frente a terceros, y ello si en la inscripción media justa causa y buena fe, que no parece el caso".