La fiscal ha modificado este martes su calificación provisional y ha resuelto rebajar a doce meses de prisión la pena interesada para un empresario agrícola acusado de falsear la firma de una trabajadora extranjera para presuntamente evitar pagarle los más de 8.600 euros de salario que le adeudaba.
F.S.J. ha negado durante la vista oral celebrada en la Audiencia Provincial de Almería haber falseado la firma de la denunciante en el proceso judicial instado a raíz de la demanda presentada por ella y ha rechazado que la usase para justificar de manera fraudulenta ante el juzgado de lo Social que la empleada había recibido el dinero.
La víctima por su parte, según han informado a Europa Press fuentes jurídicas, se ha ratificado en su denuncia ante el tribunal de la Sección Tercera. El juicio ha quedado visto para sentencia.
En el trámite de informes, la fiscal ha modificado su escrito de calificación provisional de los hechos y ha interesado seis meses de cárcel por el presunto delito de falsedad documental frente a los nueve meses de prisión que solicitaba inicialmente.
Ha mantenido, no obstante, que la petición de otros seis meses de cárcel por un presunto delito de estafa procesal además del pago de nueve meses de multa a razón de 12 euros al día.
Según el relato de hecho del Ministerio Público, la trabajadora presentó en abril de 2010 ante el Juzgado de lo Social número 2 de Almería una demanda de reclamación de salarios por importe de un total de 8.680,04 euros contra la empresa del acusado.
En el procedimiento incoado, F.S.J. presentó presuntamente, para oponerse a la demanda y "beneficiarse del importe reclamado", un documento de liquidación de saldo y finiquito fechado en enero, en el que, tras el recibí, se hacía constar una firma correspondiente al trabajador.
El fiscal sostiene que lo hizo con intención de justificar que había recibido cuanto se le adeudaba por su trabajo en la empresa y añade que, al citado documento, adjuntó presuntamente, asimismo, cinco recibos de nóminas figurando como trabajador la víctima y "haciendo constar en cada una de ellas tras leyenda de recibí una firma".
Para el Ministerio Público, "ninguno de tales documentos había sido firmado por el trabajador" y concluye que habría sido "confeccionados por el acusado o por alguien a su encargo, imitando en todos ellos la firma que se atribuía al exempleado".