La construcción de la Ciudad de la Justicia de Córdoba supondrá la creación de unos 550 puestos de trabajo, entre directos e indirectos, según ha resaltado este jueves en el Parlamento andaluz el consejero de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía, Emilio de Llera, quien ha mostrado su satisfacción por el comienzo de las obras de este proyecto.
Como respuesta a una pregunta parlamentaria de la diputada regional del PSOE por Córdoba Soledad Pérez, el consejero ha señalado que la puesta en marcha de esta infraestructura, que albergará todos los órganos judiciales unipersonales de la capital, así como la Audiencia Provincial, la Fiscalía, el Instituto de Medicina Legal y otros espacios, traerá consigo una "reactivación del mercado de la construcción", ayudando de esa forma a la creación de empleo en Córdoba.
En este sentido, ha señalado que "estamos ante un proyecto de gran calado", el tercero de este tipo que se lleva a cabo en Andalucía tras las ciudades de la justicia de Almería y Málaga, agradeciendo De Llera, en el caso de Córdoba, la colaboración del Ayuntamiento de dicha ciudad para ejecutar "una obra muy demandada por toda la ciudad y por los profesionales de la justicia, en concreto."
Además, el titular de Justicia e Interior ha hecho hincapié en que se trata del primer proyecto de infraestructuras judiciales en el que se emplea la fórmula de colaboración público-privada, un mecanismo que ya se venía aplicando en obras viarias y portuarias, así como en la construcción de edificios administrativos.
En este caso concreto, según ha indicado el consejero, "después de meses de un arduo proceso y tras superar el principal problema que nos hemos encontrado, el de la financiación, una vez que la sociedad adjudicataria ha ultimado ciertos trámites administrativos y bancarios para poder iniciar las obras, hoy podemos decir que la Ciudad de la Justicia de Córdoba comienza a ser una realidad".
En su intervención, De Llera ha destacado también que el edificio reunirá todos los requerimientos del nuevo modelo de Oficina Judicial y Fiscal que ha comenzado a desarrollar la Junta en Andalucía, lo que permitirá a Córdoba contar con una infraestructura que pondrá a sus servicios judiciales a la altura del siglo XXI.
Según ha recordado el consejero, junto con la construcción del edificio, se ha contratado también su mantenimiento integral y limpieza, la gestión del archivo judicial y la explotación de la cafetería, de las máquinas expendedoras de bebidas y alimentos, y de las placas fotovoltaicas del recinto.
El plazo previsto de ejecución de las obras es de 36 meses, lo que permitiría, según ha anunciado De Llera, que el edificio estuviese terminado a finales de agosto del año 2017. En el contrato de adjudicación, se establece la concesión de la explotación del inmueble a la empresa constructora por un máximo de 25 años, tras los cuales la titularidad del edificio revertirá a la Junta de Andalucía.
