El número de trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo (ERE) autorizados por las autoridades laborales o comunicados a las mismas bajó un 60,5% en los ocho primeros meses del año en comparación con el mismo periodo de 2013, hasta sumar 110.794 afectados, según ha informado este viernes el Ministerio de Empleo.
Las empresas inmersas en un procedimiento de regulación de empleo disminuyeron un 50,4% respecto a enero-agosto de 2013, hasta un total de 8.068, en tanto que los expedientes se redujeron un 52,4%, hasta 9.877 procedimientos.
Por tipo de procedimiento, el número de trabajadores afectados por despidos colectivos descendió hasta agosto un 53,1% en tasa interanual, hasta sumar 25.082 trabajadores. Las suspensiones de contrato afectaron a 62.251 trabajadores, un 63,3% menos, en tanto que los afectados por expedientes de reducción de jornada bajaron un 59%, hasta los 23.461 trabajadores.
Del total de procedimientos registrados hasta agosto, el 93,2% contaban con acuerdo entre las partes.
La mayor parte de los trabajadores afectados por ERE autorizados/comunicados hasta agosto provenían de la industria (51.489), con un descenso del 63,3% respecto al año anterior, y de los servicios, que recortaron un 59% la cifra de trabajadores afectados, hasta sumar 46.194. En la construcción, los afectados totalizaron 11.909 (-53,6%) y en la agricultura, 1.202 (-40,3%).
CATALUÑA, LA COMUNIDAD CON MÁS AFECTADOS POR ERE.
Por comunidades autónomas, las que registraron un mayor número de trabajadores inmersos en regulaciones de empleo hasta agosto fueron Cataluña, con 16.108 trabajadores implicados (-68,1%); Madrid, con 13.917 afectados (-59,2%); País Vasco, con 13.642 implicados (-57,8%), y Comunidad Valenciana, con 12.045 trabajadores afectados (-55,6%).
En todas las comunidades se registraron descensos en los trabajadores afectados por ERE durante los ocho primeros meses. En términos relativos, las regiones donde más descendieron los trabajadores afectados por ERE fueron Asturias (-72,4%), Aragón (-71,3%), Murcia (-71,3%) y Canarias (-69,8%).
La principal novedad introducida en la reforma del mercado de trabajo en relación a los ERE es la eliminación de la autorización administrativa anteriormente exigida para proceder a la realización de despidos colectivos o de medidas de suspensión de contrato o reducción de jornada por parte del empresario.
No obstante, la nueva regulación mantiene la necesidad de que se realice un periodo de consultas con los representantes de los trabajadores, al tiempo que se establece la intervención de la autoridad laboral para garantizar la efectividad de dicho periodo de consultas, pero sin tener ésta carácter decisorio.
La decisión última será, pues, la del empresario, y como en el caso de los despidos individuales, si no se está de acuerdo, los trabajadores tendrán que impugnarla por la vía judicial.