Y que venga la jueza Alaya y lo vea

El alcalde de San Fernando, José Loaiza, ha anunciado que el Ayuntamiento ha remitido un escrito al Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, concretamente a la atención de la jueza Mercedes Alaya, para que investigue la “espantada” de la Junta de Andalucía del Consorcio del Centro de Técnicas Industriales. “Aquí tiene donde rascar”, ha señalado el primer edil, ya que la FAFE (Federación Andaluza de Formación y Empleo), la consejería de Empleo y el ex-consejero Ángel Ojeda han tenido relación directa con el funcionamiento de dichas instalaciones en los últimos años, es decir, todas las patas del escándalo de los cursos de formación en Andalucía. 

Todo se ha destapado a raíz de que la Junta de Andalucía, que participaba en un 90 por ciento en el Consorcio del CTI, se marchase a principios de este año y lo dejase en manos del Ayuntamiento, que controlaba el 10 por ciento, pero “en ningún momento la gestión”, ha dejado claro Loaiza. Pues bien, desde la “espantada”, como lo ha calificado el primer edil, se le está requiriendo por parte municipal a la Consejería de Educación sentarse en la misma mesa para proceder a la liquidación y el cierre del CTI, algo que no se ha producido todavía.

Y en este periodo de silencio administrativo de la Junta lo que sí han ido llegando al Ayuntamiento han sido diferentes notificaciones de varias administraciones relativas al Centro de Técnicas Industriales.

Las dos primeras que han llamado la atención a Loaiza han sido de sendos requerimientos por parte la Junta a la Consejería de Empleo, es decir, la Administración autonómica se pide a sí misma, la devolución de dos cantidades que suman un total de 2,4 millones de euros por presuntas “irregularidades” en cursos desarrollados en el CTI. “Pero como la Junta se ha quitado de en medio, vienen a reclamarlo al Ayuntamiento, hay que tener poca vergüenza”, ha indicado Loaiza, añadiendo que “¿dónde están esos 2,4 millones de euros? Porque este Ayuntamiento no tiene un solo documento, solo las actas de los consejos de administración”.

Curso a ex Delphi

Pero quizás lo más llamativo de todo es el requerimiento de oficio, con fecha de 6 de mayo de 2014, por el que el Ministerio de Empleo y Seguridad Social le pide al Ayuntamiento que aporte ante la Inspección de Trabajo la copia del convenio celebrado el 8 de febrero de 2010 entre el Consorcio, la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (FAFE), y las entidades Asociación de Empresas Aeronáuticas, Asociación para la Calidad Europea (Inteca) y Asociación para la Sociedad de la Información (Innova) para el alquiler de una instalaciones situadas en la calle Chapistas (número 4) del polígono de Fadricas, que fue utilizada en los cursos de formación impartido a los ex trabajadores de Delphi. Curiosamente las tres empresas son del ex consejero Ángel Ojeda.

“Muchos nos tememos que el CTI forma parte de las irregularidades de los cursos de formación y de los chanchullos del señor Ojeda con la Junta. Aquí hay gato encerrado”, indicaba el alcalde, quien ha pedido por escrito a la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, y al actual consejero de Empleo que el CTI sea auditado y liquidado.

Llegados este punto, Loaiza también hace precisamente hincapié en que la Junta está próxima a disolver un total de once consorcios en toda Andalucía y asumirá todos los gastos, exonerando a todos los ayuntamiento salvo al de San Fernando.

Por último, el primer edil redime de cualquier tipo de responsabilidad al Gobierno local en todo este asunto, al menos en la etapa del PP, indicando que “nosotros solo teníamos el 10 por ciento del Consorcio y no gestionábamos nada, eso estaba en manos de la Junta que controlaba el 90 por ciento restante. Lo que hacíamos era acudir a los consejos donde se nos informaba de las memorias del año anterior, del presupuesto del siguiente y de los cursos que se iban a desarrollar. Es más, nos dijeron cuando se marchó la Junta que debíamos 400.000 euros y consignamos esa cantidad para pagar, pero pedimos las justificaciones de ese dinero que nos pedían y nadie nos ha mandado un solo documento".