El grupo local de Izquierda Unida ha emitido un comunicado en el que ha anunciado que elevará una moción en el próximo pleno ordinario para conseguir la nulidad de la “deuda ilegítima” contraída por el Ayuntamiento de Rota.
Una deuda que, según explican desde IU en el citado comunicado, se debe a que el Gobierno Central impuso el pago de facturas pendientes a los proveedores de ayuntamientos, a la vez que los obligó a adoptar un plan de ajuste acompañado de un crédito bancario con una entidad financiera con un alto tipo de interés. “Es un insulto a la ciudadanía que La Banca que ha sido ayudada por los poderes públicos para su reflotación, y se financia por debajo del 1% con fondos públicos, preste a las administraciones locales a ese tipo de interés”, manifiestan desde Izquierda Unida.
Aunque para Izquierda Unida abordar el pago a proveedores era necesario, “se lleva a cabo de la peor forma posible para los intereses de los Ayuntamientos y de la ciudadanía que son denostados en beneficio del sector bancario: se inyecta liquidez a La Banca por debajo del 1% de interés y ésta presta créditos a las entidades locales por encima del 5%.”
Por todo ello, el grupo municipal de Izquierda Unida elevará al Pleno Corporativo una moción por la que, en primer lugar, considera ilegítimos los intereses contraídos con las entidades financieras en el marco del Plan de Pago de Proveedores de 2012 del Ministerio de Hacienda, cuando estas entidades financieras lo han obtenido al 1%.
Por otra parte, desde IU se propone emprender las acciones legales necesarias ante la Justicia española, europea e internacional para lograr la nulidad de esta deuda ilegítima, una vez cuantificada la cifra total de los intereses por parte del equipo de gobierno municipal.
Por último, Izquierda Unida pretende que la Corporación Municipal se sume “a la iniciativa de la Plataforma de la Auditoría Ciudadana de la Deuda (PACD) para proponer la realización de una Auditoria Ciudadana de la Deuda que permita evidenciar la ilegitimidad de esta deuda”.
“Desde IU creemos que la única deuda pública legítima es aquella que sirve para equilibrar las cuentas de la Administración del Estado respecto de las operaciones propias de la actividad del Estado (Justicia, Servicios Generales, Seguridad, Sanidad, Educación, prestaciones sociales, infraestructuras...) y que no debe recurrirse al endeudamiento para otros fines, pues este uso “ilegítimo” de la deuda propicia acciones neoliberales que recortan el Estado de Bienestar”, aclaran en el citado comunicado.