Los trabajadores de los equipos de tratamiento familiar encargados del Programa de Atención a Familias con Menores en Riesgo promovido por el Ayuntamiento de Sevilla por convenio con la Junta de Andalucía han protagonizado este martes una protesta en el Consistorio, con motivo del pleno extraordinario de la institución. Estos trabajadores están en el paro después de que sus contratos de trabajo concluyesen el pasado 6 de noviembre y no fuesen renovados, extremo del que el comité de empresa culpa tanto al Ayuntamiento, como a la Junta de Andalucía.
Según los afectados, merced al programa autonómico de Atención a Familias con Menores en Riesgo, el Ayuntamiento de Sevilla cuenta con dicho servicio desde el año 2000, a través de un convenio anual que regula la financiación y las actuaciones en cuestión. Merced a dicho convenio, el Ayuntamiento de Sevilla ha contado desde el año 2000 con una red de equipos de tratamiento familiar formados por psicólogos, educadores sociales y trabajadores sociales, para el tratamiento de familias con menores en riesgo de exclusión.
Los afectados explican que, normalmente, el día 5 de noviembre de cada año finalizaban los contratos de trabajo de los 21 profesionales de estos equipos de tratamiento familiar, si bien tales contratos eran inmediatamente renovados, al día siguiente, para continuar con los trabajos. Sin embargo, y según dicen a Europa Press los trabajadores, en esta ocasión los contratos de trabajo expiraron la semana pasada sin que hasta el momento hayan sido renovados.
Mientras el colectivo de trabajadores ha protagonizado este martes una concentración protesta a las puertas del Ayuntamiento, siendo varias empleadas de este colectivo desalojadas del pleno, Manuel Loza (CCOO), presidente del comité de empresa del Consistorio, ha dicho a Europa Press que este caso se trata de un nuevo episodio de "confrontación" entre las administraciones local y autonómica. Loza ha corroborado al Ayuntamiento en la idea de que, efectivamente, la resolución "definitiva" de la Junta de Andalucía comprometiendo una aportación autonómica de 621.642 euros para la nueva edición del programa "llegó el mismo día" en el que expiraban los contratos, pero cree que el Ayuntamiento no ha hecho todo lo posible para evitar una "interrupción" del programa y del empleo de estas personas.
"De nuevo (el conflicto) se trata de un documento. No es un programa nuevo, sino la prórroga de un programa ya existente", ha dicho el presidente del comité de empresa. "La Junta y el Ayuntamiento, ambos, son responsables, pero el caso es que al final siempre pagan los mismos", ha lamentado en cuanto a los efectos del conflicto sobre el empleo de estas 21 personas y las familias que "quedan desatendidas".
Por eso, ha reclamado a las administraciones que actúen con "prisa", al objeto de que los nuevos contratos sean formalizados "lo antes posible" y se reanuden las actuaciones de este programa.
También han protestado ante el Ayuntamiento, siendo también expulsados del pleno un colectivo de ellos, los trabajadores de oficios del Ayuntamiento. Loza, en ese sentido, explica que como consecuencia de la tasa cero de reposición de efectivos que pesa sobre el Ayuntamiento por la Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE), el Consistorio prescinde de contratar a miembros de su bolsa de empleo para aspectos como tareas de limpieza y recurre a la contratación de empresas para cubrir este aspecto, lo que perjudica al empleo público.