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Viernes 15/11/2024
 
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España

Núñez e hijo ingresan en prisión por el \'caso Hacienda\'

El expresidente del FC Barcelona lo ha hecho después de que la Audiencia de Barcelona ordenara su ingreso en prisión en un plazo de diez días

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El constructor y expresidente del FC Barcelona, Josep Lluís Núñez Clemente, y su hijo Josep Lluís Núñez Navarro han ingresado este domingo en Quatre Camins tras ser condenados a dos años y dos meses por el 'caso Hacienda'.

   El expresidente del FC Barcelona lo ha hecho después de que la Audiencia de Barcelona ordenara su ingreso en prisión en un plazo de diez días, después de desestimar su recurso de súplica, en el que pidió suspender su entrada en la cárcel mientras el Gobierno no se pronunciara sobre su petición de indulto.

   La Sección Novena de la Audiencia denegó esta petición de Núñez, que fue condenado a dos años y dos meses de cárcel por su implicación en una trama de sobornos a altos cargos de Hacienda para eludir impuestos, conocido como 'caso Hacienda'.

   Núñez --al que el Tribunal Supremo rebajó la condena de seis a dos años por dilaciones indebidas-- fue condenado por un delito de cohecho por el que, además de la cárcel, se le impuso una multa de 1,5 millones de euros e inhabilitación para cargos públicos durante siete años.

   La Audiencia resaltó "la prevalencia del interés público en la pronta ejecución de una sentencia que es firme y que debe ejecutarse cuanto antes" y recordó la gravedad del delito continuado de cohecho activo.

   Al igual que en el caso del expresidente del FC Barcelona, el tribunal argumentó que su hijo utilizó su privilegiada posición social y poder económico y empresarial para delinquir.

   "Se trató de conductas objetivamente graves con importante trascendencia institucional y con indudable reproche social", argumenta la resolución del tribunal.

   "Se acentúa por quienes se muestran insensibles e insolidarios con los demás contribuyentes y anteponen su lucro personal, privado, máxime cuando ello repercute negativamente en las prestaciones sociales y va en detrimento de los servicios públicos", añade la resolución.

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