El Juzgado de Primera Instancia nº 3 de Cádiz ha dictado Sentencia por la que estima íntegramente la demanda presentada por una maestra de educación infantil jubilada de 80 años de edad y condena a Bankia a devolver a la inversora la cantidad de 235.200 euros intereses y costas.
J.G.V, viuda, ama de casa y jubilada, no era inversora profesional, ni tenía idea de productos financieros complejos de alto riesgo como las llamadas Participaciones Preferentes.
El director de su banco de Caja Madrid de toda la vida la comercial le llamaron telefónicamente a su casa y le dijeron que se pasara por el banco por la tarde fuera del horario de oficinas para ofrecerle un producto que le garantizaba un 7% de interés y que podía recuperarlo cuando quisiera. Según el abogado que llevó el caso, José Luis Miranda, “en ningún momento la avisaron” del alto riesgo que tenía ese producto llamado participaciones preferentes que en la realidad ni eran “participaciones” porque no otorgaban participación en el capital social de Caja Madrid ni tampoco eran “Preferentes” sino todo lo contrario, en caso de concurso de acreedores el orden de prelación de cobro estaba por detrás del bono basura, o sea el último de la cola.
El abogado explicó que su clienta tenía el dinero en una cartilla de ahorro y “la convencieron para que lo sacara de ahí y lo invirtiera en preferentes; el test de conveniencia al que le sometieron, se lo inventó completamente Bankia, contestando las cuatro preguntas del test sin preguntarle nada a la clienta”. Por lo tanto, el juez entiendió que en los dos contratos de compra de las preferentes, uno de 15.000 euros y otro de 215.200 euros, no consta siquiera una información entendible del producto, ni aparecen las características fundamentales de dicho producto, y mucho menos los Riesgos asumidos con la contratación.
La Sentencia condena a la demandada Bankia SA a restituir a la actora la cantidad de 235.200 euros más los intereses devengados desde la fecha de compra del producto Participaciones Caja Madrid 2009, más las costas del procedimiento. La dirección jurídica del afectado fue tramitada por el letrado José Luis Miranda.