La Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones (APFP) y los sindicatos Acaip y UGT con representación en Puerto III, ubicado en El Puerto de Santa María (Cádiz), han expresado su "preocupación, desazón e indignación" ante una presunta trama de dos internos para causar "daño personal" a dos funcionarias del departamento de tratamiento por la valoración profesional que habían realizado, que era contraria a la concesión de beneficios penitenciarios a uno de ellos.
En un comunicado conjunto, explican que la presunta amenaza se habría realizado a través de un interno considerado como "uno de los mayores narcotraficantes de hachís de Europa" y se cometería, presuntamente, por un familiar de éste. Afirma que eran conocedores del lugar "donde vivían estas funcionarias, su rutinas y perfil familiar", siendo el objetivo "darles un susto" como represalia a los informes emitidos que impedían su progresión a tercer grado penitenciario.
Señalan que la revelación de este hecho, que califican de "gravísimo" y "propio de un proceder al más puro estilo mafioso", ha generado una "profunda indignación y alarma" entre la plantilla funcionarial.
CRÍTICAS A LA DIRECCIÓN
Ante los hechos descritos, la plantilla esperaba una "respuesta rápida de la dirección del centro en defensa de sus trabajadores", lamentando que ésta "no llegó ni con la rapidez ni con la contundencia esperada". Apuntan que la insistencia en la reclamación de actuaciones y la "presión" de las profesionales afectadas llevó a "una intervención tardía y parcial". Reprochan que el expediente disciplinario al interno fuera "sobreseído, con el único voto en contra de la jurista", motivo por el que las funcionarias afectadas han visto "obligadas a denunciar tales hechos a través del sindicato al que pertenecen".
Aseguran los sindicatos que la dirección daba "por buena" la versión del presunto autor, que afirmaba que "nunca había tenido trato o relación con el narcotraficante con el que se le relacionaba para dar el susto a las funcionarias". Sostienen que el interno "mentía", pues "queda demostrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil de mayo de 2014 que compró una sociedad al otro interno en fechas anteriores a las presuntas amenazas".
Finalmente, los citados sindicatos advierten de que no van a permitir que "se intente amedrentar ni atemorizar a ningún trabajador penitenciario en el ejercicio de su cargo, actuando bajo mandato legal y conforme a criterios y principios deontológicos de imparcialidad".