El Juzgado de Instrucción número 1 de Almería ha ordenado el ingreso en prisión eludible con el pago de una fianza de 300.000 euros para Antonio Pérez, el empresario y fundador de la ya extinguida empresa de construcción Obrascampo, y para uno de sus colabores empresariales, Israel M., toda vez que el tercero de los detenidos este jueves, Francisco Miguel N., ha sido puesto en libertad con cargos.
Así, según ha informado a Europa Press fuentes judiciales, el juez les ha imputado a todos ellos los presuntos delitos contra la hacienda pública, insolvencia punible y blanqueo de capitales.
Los tres fueron detenidos este jueves en el marco de una investigación dirigida desde la Agencia Tributaria desde hace más de un año, acusados de un presunto delito contra la Hacienda Pública.
Las detenciones practicadas se realizaron durante la mañana tanto en la sede de la empresa que conduce Antonio Pérez como en domicilios. No se descartan nuevos arrestos. Entre los indicios detectados sobre los acusados, la investigación tratará de aclarar si se ha producido delito fiscal, blanqueo de capitales y fraude.
MODUS OPERANDI
Según informa en una nota la Policía Nacional, la operación ha permitido desmantelar una trama de fraude fiscal y blanqueo de capitales en torno a un entramado de sociedades utilizadas para ocultar dinero que posteriormente se transfería a Marruecos, donde habrían establecido una base empresarial dedicada a la promoción inmobiliaria.
Así las cosas, el entramado, formado por unas 17 empresas que carecían de actividad laboral, habría sido utilizado para apoderarse de unos nueve millones de euros procedentes de ingresos de IVA originados por daciones de pago y ejecuciones hipotecarias de bienes de la sociedad, desde el año 2009 hasta el año 2012.
Las investigaciones sobre el complejo entramado empresarial comenzaron a mediados del mes de marzo, a raíz de una serie de informaciones sobre unas sociedades que realizaban actividades en el sector inmobiliario, cediendo los créditos de unas empresas a otras sociedades en perjuicio de la Hacienda Pública.
Tras una laboriosa investigación de la Agencia Tributaria y Policía Nacional, los agentes averiguaron que es a partir del año 2009 cuando estas sociedades cesan su actividad productiva, ideando un plan para ir entregando los bienes hipotecados a los bancos, obteniendo simultáneamente importantes cantidades de dinero en IVA. Para ello, negociaron con las entidades bancarias hipotecantes "daciones en pago" entregando los bienes hipotecados a cambio de cancelar las deudas. Estas operaciones se facturaban con su correspondiente IVA.
El dinero cobrado por el IVA de las operaciones no fue ingresado en la Hacienda Pública e idearon un procedimiento para ocultar el dinero recibido, utilizando un entramado de sociedades instrumentales trasladando el dinero de unas a otras, simulando préstamos y deudas entre ellas, apoderándose del dinero que habían cobrado de los bancos.
Posteriormente, el dinero obtenido de este fraude era blanqueado a través de inversiones en el extranjero, principalmente en Marruecos, adquiriendo bienes a nombre de nuevas sociedades sin cargas.
Además, se han practicado dos registros domiciliarios, el primero en la vivienda del principal investigado y el otro en una oficina. Los agentes se han incautado de cuatro vehículos de alta gama, 23.000 euros en efectivo, equipos informáticos y documentación de interés para la investigación.
La operación ha sido llevada a cabo por agentes de la Brigada de Policía Judicial de la Comisaría provincial de Almería y agentes de la Agencia Tributaria de Almería.