Una de las responsables de la Corrala 'Utopía' ha declarado este martes como imputada por los incidentes ocurridos el 26 de octubre de 2013 en las calles del centro de Sevilla al coincidir una protesta de la organización Coordinadora Antifascista con una manifestación de la plataforma Respuesta Estudiantil y ha negado que insultara ni agrediera a nadie en el transcurso de la misma.
Según el acta de la declaración prestada ante el juez de Instrucción número 16, a la que ha tenido acceso Europa Press, la imputada, María Yanes Martín, ha señalado que estuvo en la manifestación del 26 de octubre de 2013 y ha reconocido, incluso, que "en algún momento" se puso a la cabecera de la misma, aunque ha aseverado que "no sabía" que dicha manifestación "era ilegal".
En este sentido, la imputada ha asegurado, a preguntas de su abogado, que no lanzó objeto "de ninguna clase", que "no insultó ni agredió a nadie" y que "no gritó consigna de ninguna clase", agregando que conoció la convocatoria de la manifestación a través de Facebook.
La responsable de la Corrala ha precisado que, en el momento en que se encontraba en la cabecera de la manifestación, en la avenida de la Constitución, la Policía "habló con alguien que se encontraba también en la cabecera y les dijo que no podían estar en ese lugar, que tenían cinco minutos para marcharse", por lo que ella se fue "en dirección al Ayuntamiento".
Al hilo, la imputada ha dicho que no vio ninguna detención y que, cuando llegó a la Plaza Nueva, vio a la gente corriendo en dirección a la misma Plaza Nueva "y la Policía detrás", pero ha negado que tuviera ninguna conversación o "confrontación" con la Policía.
BENGALAS Y GRITOS
Según ha declarado, a continuación se fue hacia la Alfalfa para coger la bicicleta que tenía allí aparcada y por el camino "sigue viendo a gente corriendo y la Policía detrás", tras lo que, una vez cogió su bicicleta, siguió su camino hacia la calla Imagen, encontrándose en las Setas de la Encarnación "a la otra manifestación, escoltada por la Policía, y bengalas, oyéndose gritos", aunque no ha podido precisar lo que decían.
La imputada ha señalado, asimismo, que "no recuerda" quién convocaba la manifestación pero sí que ésta se convocó en la Plaza del Salvador, aunque se digirieron a la avenida de la Constitución desde la Torre del Oro "porque la Policía corre detrás de la gente", y ha añadido que tampoco conocía el recorrido de la misma, "ya que no se informó de ello".
Por último, ha querido dejar claro que fue sola a la manifestación y que, posteriormente, también se marchó sola.
En esta causa, el juez mantiene imputadas a otras diez personas, pertenecientes a la organización Coordinadora Antifascista, quienes fueron detenidas por la Policía Nacional en relación a estos hechos por delitos contra los derechos fundamentales y desórdenes públicos.
Cabe recordar que un miembro de este colectivo fue arrestado la jornada de los propios acontecimientos, mientras que el resto de detenciones se produjeron pasadas varias semanas de los hechos.
El sindicato Respuesta Estudiantil, que se define como una organización "patriota, apartidista y no subvencionada", había convocado una protesta para aquel sábado que partía desde la plaza del Salvador a las 18,30 horas.
LOS HECHOS
Frente a esta manifestación, la Coordinadora Antifascista de Sevilla convocó otra en el mismo lugar, pero a las 17,30 horas, para protestar por la movilización protagonizada por el colectivo anterior y para "demostrar que la población sevillana no les quiere y para no permitir que vuelva el fascismo".
La coincidencia de ambas manifestaciones derivó en altercados que motivaron la actuación de la Unidad de Intervención Policial (UIP) y de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR).
Tras conocerse las detenciones, el Grupo 17 de Marzo-Sociedad Andaluza de Juristas consideró "desproporcionada" las mismas y reclamó la dimisión de la subdelegada del Gobierno en Sevilla, Felisa Panadero.
Así, consideró que "la detención no debe convertirse en una práctica sistemática y rutinaria ante cualquier situación presuntamente delictiva", pues para que esta se produzca "debe de tratarse de un caso de entidad suficiente como para enervar el principio constitucional del derecho a la libertad aunque sea provisionalmente, como en este caso, una detención policial".
En el presente caso, añade, "era innecesaria" la detención practicada contra estos "estudiantes".
DIMISIÓN
A su juicio, "deberían haber sido citados por la propia Policía o bien por el Juzgado mediante el conducto ordinario para la toma de declaración en calidad de imputados", punto en el que insisten en calificar dichas detenciones de medida "desproporcionada e injustificable, sin finalidad cautelar alguna y contraviniendo los criterios de oportunidad establecidos" por la Fiscalía General del Estado.
"Es de destacar la escasa peligrosidad de personas que carecen de antecedentes penales o policiales, por lo que pudieron haber sido citados personal y voluntariamente a comparecer en el juzgado o en dependencias policiales y evitar el lamentable espectáculo ocurrido a la vista de vecinos, padres y compañeros de estudios", asevera.
Por todo ello, reclamó la dimisión de Panadero, ya que las detenciones ordenadas "se han producido para tapar el enorme error político que supuso autorizar una manifestación con tintes racistas por el centro histórico de Sevilla, y en base a las críticas que ha sufrido desde comerciantes, vecinos y organizaciones en defensa de los derechos humanos".
"El derecho a la libertad y las garantías procesales están por encima de intereses políticos partidistas", concluye.