Trece de los dieciocho magistrados que integran la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo -incluyendo los eméritos- exigen al presidente del alto tribunal y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lemes, que actúe ante el presidente del Gobierno por lo que consideran injerencias del ministro del Interior Jorge Fernández Díez al calificar de "lamentables" y posible prevaricación las recientes excarcelaciones de miembros de ETA.
Así lo han manifestado en una carta sin precedentes dirigida al presidente de la Sala, Manuel Marchena , en la que piden que éste se dirija a su vez a Lesmes para que haga saber al Gobierno que las manifestaciones de Fernández Díaz muestran "desconfianza en las instituciones" y no guardan debido respeto al Tribunal Supremo. Le piden expresamente que requiera a Mariano Rajoy que "ponga coto" a manifestaciones como éstas.
Han firmado este escrito todos los jueces de lo Penal del Supremo excepto el presidente de la Sala, Manuel Marchena y los magistrados Antonio del Moral, Julián Sánchez Melgar, Andrés Martínez Arrieta y Carlos Granados. Tanto entre la lista de firmantes como entre los que se han abstenido aparecen nombres de magistrados de todas las sensibilidades políticas
El conflicto de fondo es la decisión de la Sección Primera de la Sala Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de excarcelar a los etarras Santiago Arrospide Sarasola, 'Santi Potros', y Alberto Plazaola en aplicación de la decisión marco de la UE, dictada en 2008, que permite acumular penas dictadas a presos españoles en otros países.
La ley que traspone dicha normativa, y que restringe sus efectos a las sentencias dictadas con posteriorar a agosto de 2010 entró en vigor un día después de las puestas en libertad, el pasado día 3.
