La Fiscalía de Sevilla ha solicitado una condena de 720 euros de multa para diez personas que, siendo miembros de la Corrala 'Utopía', habrían incurrido en un presunto delito de usurpación al habitar, sin título alguno, las viviendas de los números 2, 4 y 6 de la avenida de las Juventudes Musicales, propiedad de 'Ibercaja'.
En diez escritos de acusación distintos, a los que ha tenido acceso Europa Press, el Ministerio Público solicita la apertura de juicio oral y pide para cada imputado la imposición de una pena de multa de cuatro meses con cuota diaria de seis euros por un delito de usurpación del artículo 245.2 del Código Penal, lo que hace un total de 720 euros.
En cada escrito de conclusiones provisionales, la Fiscalía relata que los acusados, en fecha no concretada pero anterior al día 18 de mayo de 2012, se introdujeron "de modo no precisado" en viviendas no habitadas en ese momento pertenecientes a unos bloques de pisos ubicados en la avenida de las Juventudes Musicales de la capital hispalense.
Según expone el fiscal en sus escritos, consultados por Europa Press, los acusados entraron en dichas viviendas "sin la autorización de su dueño" y permanecieron en los inmuebles "contra la voluntad del titular, produciéndose con posterioridad el desalojo forzoso del inmueble ordenado por la autoridad judicial", todo ello sin que conste "la causación de daños".
LA DEFENSA ALEGA ESTADO DE NECESIDAD
Fuentes de la defensa de los acusados han indicado a Europa Press, de su lado, que en su día solicitarán la eximente de estado de necesidad, "ya que existen informes sociales" de la Junta de Andalucía y del Ayuntamiento de Sevilla que aseguran que estas personas "se encontraban en este estado".
Hay que recordar que el Juzgado de Instrucción número 3 de Sevilla notificó al menos 26 autos individualizados en los que resuelve incoar procedimiento abreviado contra los imputados por la ocupación de las citadas viviendas.
El desalojo de los números 2, 4 y 6 de la avenida de las Juventudes Musicales, donde este colectivo de personas habitaba sin título alguno estas viviendas propiedad de 'Ibercaja', fue consumado el pasado mes de abril tras casi dos años en los que este grupo de personas, bautizado como la Corrala 'Utopía', protagonizó numerosas movilizaciones y negociaciones con la propiedad de las viviendas y las instituciones.
LA CORRALA
Estas actuaciones corrieron paralelas a la causa judicial incoada por el Juzgado de Instrucción número 3 de Sevilla, como consecuencia de las acciones legales emprendidas por 'Ibercaja', propietaria de las viviendas a través de la sociedad 'Residencial Murillo'.
El desalojo policial de las viviendas, como se recordará, motivó que estas personas acampasen en la Plaza Nueva a modo de protesta, tras lo cual la Consejería de Fomento, dirigida por IU-CA, entregó directamente a varias familias llaves para habitar provisionalmente viviendas de titularidad autonómica, extremo que se aplicaría a las restantes personas o familias del colectivo. Estos últimos realojos fueron paralizados dado el conflicto surgido entre PSOE e IU-CA, socios en el gobierno autonómico, en torno a esta polémica solución.
Al objeto de resolver el destino de estas familias, la Consejería de Vivienda remitió al Ayuntamiento un listado de estas 17 personas o cabezas de familia de cara a una nueva evaluación concreta de su situación socioeconómica, lo que debía determinar su derecho o no a estos realojos provisionales.
EVALUACIONES SOCIALES
Tras concluir las nuevas evaluaciones sociales, el Ayuntamiento hispalense había remitido las mismas a la Administración andaluza con una carta dando cuenta de esta labor sobre "15 de las 17 familias solicitadas, con independencia de que hayan sido desalojadas o no".
El Ayuntamiento, en ese sentido, esgrimía su baremo social, aprobado por su propia junta local de gobierno en 2013, señalando que del conjunto de familias, sólo dos de ellas figuran en la lista de familias baremadas para la adjudicación de viviendas sociales, toda vez que el resto de familias no habría mostrado siquiera "deseo" de figurar en el "proceso de intervención social" asociado al baremo municipal.
Finalmente, las nuevas evaluaciones de la situación socioeconómica de estas personas elaboradas por los servicios sociales comunitarios del Ayuntamiento reflejaron que ocho de las personas o familias evaluadas se encuentran en un estado de "vulnerabilidad o riesgo", lo cual según la Junta ya justifica "plenamente" su realojo provisional; y siete atraviesan una situación "deficitaria o de exclusión social", con lo que la Consejería de Fomento y Vivienda daba por avalados los realojos provisionales ya consumados y acometía los que tenía pendientes.
Después, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) zanjó sin consecuencias una denuncia de Manos Limpias contra la consejera de Fomento, Elena Cortés, considerando que estos realojos "no están inspirados por una finalidad arbitraria o injusta, sino por la necesidad de atender a una situación urgente, por mandato judicial".