El Juzgado de Instrucción 4 de Granada, que investiga a un total de diez sacerdotes y dos seglares de Granada denunciados por presuntos abusos sexuales a varios menores, ha levantado este martes el secreto de sumario que estaba decretado desde el pasado 3 de noviembre, y da diez días a las partes personadas en la causa para que se pronuncien si los delitos que se les atribuyen podrían estar prescritos.
En su resolución, a la que ha tenido acceso Europa Press, el magistrado Antonio Moreno recopila la denuncia del primer joven, que llevó su caso ante el Papa Francisco, y alude a tres posibles víctimas más, que han comparecido como testigos en el proceso, recogiendo un relato pormenorizado de sus testimonios, que apuntan al considerado líder de los 'Romanes' o 'Romanones', el padre R.M.V.C., y a nueve sacerdotes más y dos seglares.
Así, considera que los hechos son susceptibles de constituir infracciones penales por la comisión de delitos contra la libertad e indemnidad sexuales, en sus formas de agresiones sexuales, abusos sexuales y exhibicionismo, con las agravantes de prevalimiento, u otras, con la "participación necesaria, cooperación y encubrimiento" de las doce personas imputadas, cuatro de las cuales --entre ellas el considerado líder del clan-- fueron arrestadas y después dejadas en libertad con cargos.
El juez justifica en su resolución las dos prórrogas del secreto de sumario, que se produjeron el 3 de diciembre y el 3 de enero, y la necesidad de una investigación "silente, cauta y reservada", señalando que los hechos objeto de investigación tienen "una gran trascendencia y gravedad en sí mismos, por aparecer, además, como implicados representantes de confesión religiosa", quienes "lejos de ser los garantes de los principios religiosos proclamados por dicha confesión y su más Alto signatario, indiciariamente se podrían haber convertido en sus transgresores, y podrían haber dispuesto de efectivas posibilidades de entorpecer y obstaculizar las investigaciones".
Por otro lado, considera que se debía dilucidar si estaríamos ante una trama organizada y alerta de la posibilidad de que los hechos denunciados hayan prescrito, e informa de que, según el Código Penal, la responsabilidad criminal se extingue: a los 20 años, cuando la pena máxima señalada al delito sea prisión de 15 o más años; a los 15, cuando la pena máxima señalada por la Ley sea inhabilitación por más de 10 años, o prisión por más de 10 y menos de 15 años; a los 10, cuando la pena máxima señalada por la Ley sea prisión o inhabilitación por más de cinco años y que no exceda de 10; a los cinco, los demás delitos, excepto los de injuria y calumnia, que prescriben al año; y en los supuestos de concurso de infracciones o de infracciones conexas, el plazo de prescripción será el que corresponda al delito más grave.
EL RELATO DE LAS POSIBLES VÍCTIMAS
En su pormenorizado auto, el juez informa del relato del primer caso, que denunció el 14 de octubre del pasado año ante la Fiscalía de Granada el asunto, por haber sido víctima de continuados o permanentes abusos sexuales por parte de un grupo de sacerdotes incardinados en la Diócesis de Granada, desde el año 2004, cuando tenía 14 años y hasta el año 2007 cuando ya contaba 17 años de edad. Actualmente tiene 24 años y se declara miembro supernumerario del Opus Dei.
Según explicó el joven, que denunció su caso ante el Arzobispado de Granada y posteriormente por carta a la Santa Sede, comenzó a ir a misa los domingos junto a un amigo a la Iglesia de San Juan María Vianney, donde era párroco el principal acusado. Éste, el considerado líder del clan de los 'Romanones', les propuso entonces ayudar como monaguillos, y durante ese tiempo, comenzaron a acudir a los encuentros que tenían un grupo de sacerdotes para realizar actividades de convivencia y descanso. Ya en 2004, el niño comenzó a pasar mucho tiempo en la Casa Parroquial y también en la vivienda de los imputados, en la urbanización Los Pinillos de Cenes de la Vega, donde finalmente ocurrieron los hechos más graves y relevantes penalmente.
El padre R.M.V.C. le proponía quedarse a cenar, para después quedarse a dormir y ver alguna película, diciéndole que veía en él "una gran vocación para el sacerdocio", y que por ese motivo tenía que compartir con el grupo de sacerdotes su modo de vida. Cuando se quedaba a dormir, según su relato, el religioso le proponía ocupar su cama, estando otras camas libres, y después de que la situación se repitiera en varias ocasiones, comenzaron los supuestos abusos sexuales y, cuando él se oponía llegaba a decirle: "soy tu padre, tienes que dejarte llevar, no vives bien tu sexualidad".
El juez recoge varios episodios sexuales con este sacerdote de protagonista, pero también otros colectivos, en presencia del resto de imputados y los dos laicos, en el salón de tertulias de la casa de Los Pinillos, donde según la denuncia, "se exhibían desnudos" en la piscina. Este grupo de sacerdotes apoyaban a R.M.V.C. ante el menor, "provocando a éste un gran estado de ansiedad, llegando a sufrir amenazas verbales, en el sentido de que si no vivía la sexualidad con claridad de miras, tendría que dejar el grupo".
El segundo posible caso es el de un joven que ejerció de monaguillo entre 1997 --con 7 años-- y 2004 en su parroquia, que se encontraba al inicio en el Colegio El Carmelo para después ubicarse en la iglesia de San Juan María Vianney. Durante esa época, R.M.V.C. le habría invitado a acudir a su casa en el barrio del Zaidín, donde vio numerosas muestras de "cariño" entre los curas y vivió varias situaciones de índole sexual que le hicieron sentir "incómodo" y que le han provocado dificultad para conciliar el sueño, por ansiedad.
La tercera de las posibles víctimas, que ha declarado como testigo, es un joven que, cuando tenía unos 14 ó 15 años, según su relato, vivió episodios de desnudez en la piscina de Los Pinillos, masajes e invitaciones a dormir en la misma cama por parte de alguno de los sacerdotes, además de tocamientos con ánimo "libidinoso".
El cuarto de los testigos, nacido en 1970, apunta a unos hechos que se remontarían a la primavera de 1986, cuando conoció al padre R.M.V.C. aunque centra los posibles intentos de abuso en 1991, cuando el religioso habría intentado tocarle mientras se duchaba en su casa, en la que ya había estado en ocasiones anteriores.
Tras enumerar los hechos que podrían ser susceptibles de prescripción, el juez señala que todo el grupo de imputados dispone de importante patrimonio y en común, y pide a las partes que se pronuncie sobre una posible extinción de la responsabilidad penal de los imputados.