La Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales ha destinado un total de 250.000 euros a las 12 asociaciones que forman parte en la provincia de Huelva de la red de solidaridad y garantía alimentaria promovida por la Junta de Andalucía para garantizar la cobertura de las necesidades básicas en este apartado de las personas con menos recursos económicos y en situación de vulnerabilidad.
El delegado del Gobierno andaluz en Huelva, José Fiscal, y la delegada territorial del ramo, Lourdes Martín, se han reunido con las entidades receptoras de estas ayudas, que van dirigidas a respaldar el desarrollo de proyectos referidos a la preparación y el reparto de alimentos a familias necesitadas, fundamentalmente comedores sociales.
“Las políticas sociales son una prioridad para la Junta, que ha redoblado sus esfuerzos para apoyar a las personas que peor lo están pasando por la crisis económica y amortiguar sus efectos entre la población más vulnerable, especialmente personas desempleadas que no reciben ninguna prestación y familias con todos sus miembros en paro”, han señalado los delegados. Fiscal y Martín han puesto como ejemplo de este compromiso el Decreto-ley de medidas extraordinarias y urgentes para la inclusión social a través del empleo y el fomento de la solidaridad, con el que el Gobierno andaluz da continuidad a las acciones impulsadas los últimos años en este mismo ámbito.
Junto al fomento del empleo y el acceso a otras prestaciones sociales fundamentales, el tercer gran pilar de este decreto es el Plan Extraordinario de Garantía Alimentaria, que contempla una línea específica de subvenciones con la finalidad de reforzar la red de solidaridad y garantía alimentaria constituida ya desde el año pasado en Andalucía.
En el caso de Huelva, las entidades que conforman dicha red y han reci-bido los incentivos de la Junta son: la Asociación para la Solidaridad entre Senegaleses (Diappo) de Moguer; la Asociación Nuestra Señora de Consolación de Cartaya; la Fundación Europea para la Cooperación Norte-Sur (Fecons) de Lepe; la Federación Foro de Asociaciones de Almonaster la Real; la Fundación Santa María de Belén de Apoyo a la Infancia y la Juventud en la capital; la Asociación para la Prevención y Apoyo al Drogodependiente (Aspreato) y la Asociación Obra Social Virgen de las Angustias, ambas de Ayamonte; la Asociación de Padres para la Integración del Discapacitado (Acopidi) de Paterna del Campo; la Fundación Campo Baldío de Puebla de Guzmán; la Asociación Faro de Camarinas de Mazagón; la Asociación Olontense contra la Droga, y la Asociación Resurrección de Punta Umbría. Todas ellas gestionan servicios de elaboración y preparación de comidas para consumo inmediato de aquellas personas que soliciten ser usuarias por encontrarse en situación de especial necesidad, condición que debe ser previamente evaluada y autorizada por los servicios sociales comunitarios.
Otras acciones de garantía alimentaria
En este apartado del decreto también se encuentran otras acciones como son el reparto de tres comidas diarias en los comedores escolares de los colegios de infantil y primaria con objeto de garantizar la ingesta calórica a los menores en riesgo de exclusión, así como la continuidad de esta medida en las escuelas de verano organizadas durante los meses de julio y agosto en las denominadas zonas con necesidades de transformación social. A ellas se suman el Programa Bonificado del Servicio de Comedor de los Centros de Participación Activa, enfocado a que los usuarios disfruten de descuentos en los menús, y el catering a domicilio para los mayores con bajos recursos que no puedan acceder al servicio de comedor de estos centros. La partida consignada por la Junta para la implementación en la provincia onubense de todas las actuaciones del Plan Extraordinario de Garantía Alimentaria es de cerca de 370.000 euros.
La inversión del Gobierno andaluz en este capítulo se completa con otros 296.000 euros más para el Programa de Ayudas Económicas Familiares. Se incluyen aquí las prestaciones temporales, dinerarias o en especie, de carácter preventivo, que se conceden a familias con vistas a la atención de las necesidades básicas de menores a su cargo cuando carecen de recursos económicos suficientes para ello. Su objetivo es prevenir, reducir o suprimir los factores que generan situaciones de dificultad social en las familias.
