Las víctimas pagaban entre 10.000 y 30.000 euros para venir a España, donde pasaban un tiempo hacinados en diferentes domicilios de Barcelona a la espera de ser trasladados a su destino final, que eran otros países europeos, según informó ayer este cuerpo policial.
Los detenidos, de entre 25 y 40 años, entre los que se encuentran los máximos responsables de la red en España, un hombre y una mujer, están acusados de los delitos de favorecimiento de la inmigración ilegal, asociación ilícita y falsedad documental.
