“El paro y la falta de vivienda (o de una vivienda en condiciones dignas) son la principal puerta a la exclusión social”. Es una de las conclusiones del informe realizado por la delegación onubense de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (Apdha), en el que hace un análisis de las necesidades y los recursos sociales.
Uno de los aspectos que destacan de este análisis es cómo ha quedado en la capital onubense la gestión y el funcionamiento del Registro Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida tras la disolución el pasado año de la Empresa Municipal de la Vivienda (EMV). Así, el estudio señala que en Huelva “hasta el cierre de la Empresa Municipal de la Vivienda” el servicio de demandante de vivienda social “funcionaba razonablemente bien”, pero “al cerrar la EMV, la AVRA (Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía de la Consejería de Fomento y Vivienda) denuncia estar en un limbo, sin interlocutores.
Esta situación, sumado al mal endémico de la falta de recursos económicos de la población parada lleva a que la pregunta “¿Está Huelva libre de problemas de vivienda?” tenga una respuesta tajante: “Definitivamente no”. Apdha Huelva señala las cifras dadas por Cáritas, que censó en 308 las personas sin hogar o en infraviviendas en la capital onubense: “La situación de las personas sin hogar es alarmante”, lamenta el informe, que a su vez señala que “lejos de solucionar el problema, que en muchos casos son el resultado de las políticas que ponen los intereses económicos por delante de los derechos de las personas, se está viendo incrementado por un importante número de personas que han llegado a esta situación extrema principalmente por pérdida de empleo. Los recursos familiares los han agotado y las administraciones miran para otro lado ofertando opciones claramente insuficientes”.
Además, el estudio denuncia que “frente a esta situación de personas sin hogar y falta de vivienda social, nos encontramos en Huelva con un número importante de viviendas vacías que pertenecen a entidades financieras y que nunca se han usado”.
Por todo ello, el informe, que también señala los problemas de muchos ciudadanos para alimentarse con dignidad, concluye con una serie de exigencias a las administraciones, entre las que cabe destacar “la paralización de todos los desahucios en primeras viviendas y soluciones sociales para quienes se han quedado sin vivienda”.
