Izquierda Unida de El Puerto ha reaccionado al auto del Juzgado de lo Penal Número 2 de Cádiz en el que pide que se ejecute la sentencia dictada en el año 2013 en relación con el derribo ilegal de la parte trasera de la Casa de las Cadenas, denunciado por esta formación.
Ha sido el concejal de la formación, Julio Acale, quien en rueda de prensa ha afirmado que “desde IU creemos que las sentencias están para cumplirse y por ello exigimos a Junta y Ayuntamiento que ejecuten las penas por las que fueron condenados quienes derribaron la Casa de las Cadenas”.
“Para Izquierda Unida lo más importante es que se reconstruya lo derribado” continua Acale, “esto quiere decir, que se haga en base a como era la trasera de la Casa de las Cadenas, es decir, que el conjunto vuelva a ser un todo”.
Además Acale informó que su formación exigirá que “una vez que se devuelva la trasera a su estado original, en el próximo PEPIRYCHE se proteja todo el conjunto, al estar catalogado como BIC”. Según el edil de IU “todo el conjunto debe estar protegido en la nueva ordenación municipal y hasta ahora eso no ocurre, porque en los planos que nos han ido entregando solo goza de protección la parte que aun se conserva en pie, por lo que desarrollaremos las acciones necesarias para que se otorgue la protección integral de la finca al completo”.
Para el edil de IU, “entendemos que el equipo de gobierno está a tiempo de incluir esta corrección y a ello le instamos, para que se equipare a la Iglesia Mayor, el Castillo San Marcos o el Palacio de Puruyena, que también son bienes protegidos con la misma catalogación”.
En relación a la condena a los acusados, Acale cree que “la inhabilitación para ocupar cargo público a Hernán Diaz y el entonces concejal de urbanismo, Juan Carlos Rodríguez, no tiene consecuencias para ellos”, dado que están apartados de la política activa desde hace varios años.
En cuanto a la condena al arquitecto municipal, Acale considera que “los técnicos municipales deben vigilar con máximo celo nuestro patrimonio” e indica que “esta sentencia debe ser ejemplarizante” y añade que “quienes tienen una responsabilidad municipal o técnica conocen las consecuencias cuando firman informes que puedan dañar nuestro patrimonio histórico y cultural”.
