El Juzgado de Instrucción número 4 de Granada ha abierto una investigación por un supuesto delito de acusación o denuncia falsa contra los ocho ediles del grupo socialista en el Ayuntamiento de Granada por la querella que presentaron en su día contra el alcalde de la capital, José Torres Hurtado (PP), por una operación urbanística relacionada con la urbanización del Cerrillo de Maracena, en el marco de una causa en la que el regidor fue imputado por un posible delito de prevaricación y que finalmente fue archivada.
La apertura de diligencias previas se produce a raíz de la querella presentada por Torres Hurtado contra los concejales socialistas, entre los que se encuentra el portavoz del grupo municipal y candidato a la Alcaldía, Francisco Cuenca, y el edil y secretario local del PSOE de Granada, José María Rueda.
Según consta en la resolución de incoación de diligencias previas, a la que ha tenido acceso Europa Press, tanto del auto de sobreseimiento que decretó el Juzgado de Instrucción 1 de Granada, que llevó la causa contra el regidor, como del auto de la Audiencia Provincial que ratificó el archivo "podría desprenderse la presunta falsedad de las imputaciones realizadas a sabiendas" por el grupo socialista.
De hecho, el titular del Juzgado de Instrucción 1 señaló que la querella formulada por los socialistas adolecía de la "especificación de las resoluciones supuestamente prevaricadoras", pues en la instrucción se comprobó que todas las actuaciones estaban "plenamente justificadas" y estaban avaladas por la regularidad en su tramitación, lo que fue confirmado por los empresarios y el regidor imputados.
En este sentido, el auto de la Audiencia Provincial que confirmó el archivo incidió en el "carácter parcial, subjetivo, que no se ajusta a la realidad (cuando menos) e instrumentalizador de la querella interpuesta", manteniendo que los ediles del grupo socialista podían ser conocedores de las decisiones que se tomaron en esta operación urbanística, pese a que ellos lo negaran.
A raíz de esta denuncia de los socialistas, el alcalde de Granada tuvo que declarar, junto a varios promotores y dos representantes de una caja de ahorros, ante el Juzgado de Instrucción número 1 de Granada en calidad de imputado por un posible delito de prevaricación por una operación en la que el Ayuntamiento aceptó saldar una deuda de 8,2 millones de euros a dos promotores, a cambio del porcentaje en una parcela que, según sostenía el PSOE, estaba valorada a un precio inferior, lo que a su juicio podía menoscabar las arcas municipales.
Finalmente, la causa fue archivada y el regidor instó a los miembros del grupo socialista a disculparse públicamente por las acusaciones vertidas advirtiendo de acciones legales si no lo hacían.