El Juzgado de Instrucción número 4 de Huelva ha imputado al decano del Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de Huelva, A.A.M., al tesorero, S.E,L. y al interventor B.J.M., en la causa abierta por un presunto desfalco 1,1 millón de euros en la entidad.
Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) han informado hoy a Efe de que en el último auto notificado por el juez se indica que estas tres personas podrían haber cometido un presunto delito de comisión por omisión de apropiación indebida, al entender que por sus cargos son responsables de la custodia de los bienes de la institución.
La clasificación del delito por la forma de la acción de comisión por omisión implica "hacer lo que no se debe, dejando hacer lo que se debe", es decir, alcanza el resultado por abstención.
La imputación de estas tres personas se produce después de que hace unos dos meses el juez acumulara a la causa la denuncia interpuesta por el que fuera gerente y contable del Colegio y exedil del PP en Aljaraque (Huelva), Casto Pino, y quien fuera inicialmente denunciado por el COITI por ese presunto desfalco y hasta ahora, el único imputado en la causa.
Pino interpuso la denuncia el pasado octubre después de que se le citara a declarar y se abstuviera de hacerlo, por entender que "podría haber responsabilidades civiles que los implicaran" en los hechos y, de esta forma, exonerarlo a él.
En la denuncia, explicaba que las cuentas del COITI son, desde hace más de 20 años, "aprobadas y ratificadas por unanimidad en la junta de gobierno y confirmadas por el decano, teniendo formalmente que estampar su firma con la del tesorero o interventor" para posteriormente ser aprobadas unánimemente por la Junta General de Colegiados y e inscritas en el Registro Mercantil.
Tras recordar que ejerció como secretario del colegio durante 23 años hasta que en 2013 se vio obligado a dimitir, se indica sobre la comisión de un delito de apropiación indebida por su parte, que éste "no puede tener lugar" sin que el decano del COITI "incurra en el mismo delito en la modalidad de comisión por omisión".
Además considera que el Colegio podría haber incurrido supuestamente en la "culpa in vigilando" porque la actividad ilegal y presuntamente constitutiva de delito atribuida a los por ahora imputados "estaba sometida a la autoridad de las personas que lo dirigen" y precisa que la "evasión de responsabilidad" de estas personas "ha sido previamente pactada".