Luis Miguel Montes, abogado algecireño de 35 años, lidera la plataforma Alcesuelo, que nace con la intención de representar a los afectados por las cláusulas suelo en el Campo de Gibraltar y Ceuta. Desde el despacho en el que trabaja junto a su padre se ha propuesto contribuir a la oleada levantada en todo el país decidida a acabar con esta práctica abusiva y en favor de una banca más ética y responsable. En breve celebrarán distintas actividades para poner en conocimiento de la ciudadanía su plataforma y los servicios que ofrece.
¿Cuál es la situación en la comarca respecto a las cláusulas suelo?
–Hicimos un sondeo en el Campo de Gibraltar y Ceuta, que son zonas que están desasistidas. Cerca del 29% de las personas a las que entrevistamos desconocían qué eran las cláusulas suelo y el límite que padecían en sus hipotecas. Ni siquiera sabían que la tenían contemplada en sus contratos de hipoteca ni que podían interponer una reclamación. Alcesuelo nació con la idea de dar cobertura a esos ciudadanos y, principalmente, ofrecerles información. Hay verdaderos dramas familiares. Hacemos estudios de los afectados de forma gratuita para ver si es viable la acción judicial después de las pertinentes reclamaciones.
¿Es una zona de especial incidencia de esta problemática?
–No, está en la línea del resto de España, es un hecho sistemático. En la comarca y Ceuta hay unos 80.000 afectados, según hemos podido calcular. Entendemos que se han vulnerado los derechos de estas personas. Hay otras zonas que están bien asistidas y nosotros queremos ser un buen hijo y trabajar de momento en la comarca, porque la zona lo requiere.
¿Hay bancos que realizan estas prácticas más que otros?
–En esta zona hemos detectado que algo más del 40% del total de los préstamos hipotecarios se firmaron con Unicaja. Es una entidad muy arraigada, históricamente más asentada en la zona. El 90% de esas hipotecas firmadas con Unicaja adolecen de las mismas irregularidades o anomalías. Son completamente abusivas, especialmente abusivas.
¿Y en el polo opuesto?
–El Banco Santander, por ejemplo. Su matriz no ha sido proclive a este tipo de cláusulas. Sí tenía una filial, la UCI (Unión de Créditos Inmobiliarios), que sí actuaba así, pero no la matriz.
A pesar de las sentencias contra estas cláusulas, los bancos las siguen aplicando...
–Hoy en día se siguen practicando. Lo que ocurre es que el banco, conociendo los requisitos de la sentencia del Supremo, es previsor. Las transforma y contrata de forma transparente. También se pacta con el cliente no poner cláusulas suelo a cambio de concertar determinados productos. Por ello es importante advertir a los clientes que ya tienen hipoteca que no firmen ningún acuerdo que le ofrezca su banco de eliminar las cláusulas suelo, porque en muchos casos eso anula la vía judicial.
¿Cómo se explica esa actitud de los bancos?
–Es una cuestión de estadística, de números. Por ejemplo, de 10.000 clientes que tengan hipoteca en un banco. Tras completar los trámites necesarios solo queda la vía judicial y, por agotamiento, quizás queden unos 500 clientes que lo hagan. A la banca le sigue siendo rentable poner cláusulas suelo a 10.000 clientes y tener que devolverle dinero solo a 500 de ellos.
Y las sentencias favorables a los clientes ¿En qué porcentaje se mueven?
–Hasta ahora teníamos un 90% de éxitos. Con la nueva reafirmación del Supremo alcanzamos el 100% ó el 99,9%. Para eso está el estudio previo, porque hay casos en los que no procede y recomendamos no iniciar la vía judicial. En los casos en los que haya viabilidad alcanzaremos el 100%.
¿Cuál es el trabajo de la plataforma, al margen de las reclamaciones y la acción judicial?
–La plataforma es de inscripción gratuita a través de la web. Fundamentalmente ofrece información. Permite a los inscritos estar al día de la legislación y de las malas prácticas bancarias. Esto no es una cruzada contra el capitalismo, pero sí queremos mejorar el sistema bancario, que sea profesional y veraz, con una práctica óptima. Creemos que el sistema bancario español debe parecerse al de otros países de la zona euro. Pero no queremos que se engañe y estafe, literalmente, a la gente.
¿Qué ventaja ofrece entonces constituirse como plataforma?
–Para los inscritos en la plataforma, además de la información, que me parece fundamental, el cliente va a ver que estudiamos su caso de manera gratuita. Invertimos horas de trabajo con estudios personalizados de los usuarios. Además, en los casos que terminen en la vía judicial, tenemos un convenio con los procuradores del Cádiz, Málaga Madrid y Barcelona para abonar la tasa mínima, que es de 150 euros (sin IVA) y la gestión de tramitación, que son 500 euros. Después, tenemos un despacho colaborar en Algeciras que ni siquiera cobra honorarios, sino que lo hace a través de las costas judiciales tras el éxito del juicio. Si no se gana el pleito, no cobra.