El Servicio de Análisis de la Conducta de la Policía Nacional ha remitido un informe al Juzgado de Instrucción 4 de Granada, que investiga los supuestos abusos sexuales cometidos por varios sacerdotes, en el que considera "deshonesto" el testimonio ofrecido por el considerado líder del grupo, llamado de 'Los Romanones', el padre Román M.V.C.
Según han informado a Europa Press fuentes del caso, se trata de un informe pericial que ya se ha incorporado a la causa, tal y como adelanta este miércoles el diario 'El Ideal', y que se suma al que ya se aportó sobre las declaraciones del primer denunciante, que, por el contrario, los peritos consideraron "altamente honestas".
En el caso estaban imputados diez sacerdotes y dos seglares, pero el 16 de febrero el Juzgado, del que es titular el magistrado Antonio Moreno, hizo público el auto en el que declaraba prescritos todos los delitos que se le imputaban a los denunciados excepto a uno, precisamente el considerado líder del grupo.
Concretamente, consideraba prescritos los delitos de abusos sexuales, exhibicionismo y encubrimiento que se les atribuían a nueve sacerdotes y dos seglares. Sin embargo, el juez acordó mantener la imputación contra el presunto líder por los hechos presuntamente cometidos por él mismo sobre el primer denunciante --que llevó su caso ante el Papa Francisco-- porque podrían ser constitutivos de delito de abuso sexual continuado con prevalimiento, castigado con pena de prisión de cuatro a diez años, y en su mitad superior.
El juez aclaraba en su resolución, que ya ha sido recurrida por la acusación particular --el primer denunciante-- y la acusación popular --la Asociación Pro Derechos del Niño, Prodeni--, que la aplicación de la prescripción no se aplica "a capricho o arbitrio judicial", sino que es "de obligado cumplimiento, si concurren plazos y requisitos legales". Y en este caso, como señalaba en el auto, los delitos de abuso sexual, agresión sexual o exhibicionismo se prolongaron en su comisión desde el año 2004 a 2007, por lo que determina "obligatoriamente la aplicación de los plazos de prescripción establecidos en el código penal vigente en ese periodo de tiempo".
En este sentido, respecto a once de las personas a las que se investigaba, los delitos continuados que se les imputaban --abusos sexuales, exhibicionismo o encubrimiento-- corresponderían penas que con sus agravantes no superarían los tres años de prisión por cada tipo, de manera que, teniendo en cuenta que desde que se produce la mayoría de edad del principal denunciante (enero de 2008) hasta que se incoa el procedimiento en noviembre de 2014, "han transcurrido en exceso los tres años previstos en la ley como plazos de prescripción para dichos delitos".
El caso se hizo público el pasado mes de noviembre, cuando fueron detenidos el padre Román, dos sacerdotes más y un profesor de Religión, que sin embargo quedaron después en libertad con cargos, en un caso en el que estaban imputadas inicialmente un total de doce personas.
Todo se precipitó después de que un joven, que hoy tiene 24 años, comunicara por carta al Vaticano que había sido víctima de abusos sexuales desde los 14 hasta los 17 años por parte de este grupo de religiosos de Granada, lo que motivó que el propio Papa Francisco le llamara para pedirle perdón y ofrecerle su apoyo. Tras la llamada del Papa al joven, éste formalizó una denuncia ante la Fiscalía Superior de Andalucía, que ordenó a la Fiscalía Provincial de Granada interponer 'ipso facto' denuncia contra todos los afectados.
El Papa se pronunció también coincidiendo con la salida a la luz de esos supuestos abusos en un vuelo de regreso a Roma tras su discurso en el Parlamento Europeo en el que señaló que "la verdad es la verdad" y "no debe esconderse". El 'caso Romanones' también provocó una imagen inédita del arzobispo de Granada, Javier Martínez, que se postró en el suelo ante el Altar Mayor de la Catedral para pedir perdón por los "escándalos" que afectaban entonces a la Iglesia.
