El Tribunal Supremo ha confirmado una resolución del Ministerio de Defensa de julio de 2012 que impuso una sanción de seis meses y un día de suspensión a un cabo Primero de la Guardia Civil que fue descubierto cobrando su propio "impuesto" a vendedores del mercadillo ambulante que se celebra los sábados en el denominado Charco de la Pava de Sevilla.
El agente recurrió la sanción pese a que ésta le había sido sustancialente rebajada en el proceso administrativo desde la inicial, que era de cinco años de suspensión de empleo y sueldo.
Según los hechos probados, la Policía local de Sevilla descubrió un día de mercadillo de febrero de 2009 que los responsables de los puestos empezaban a desplegarlos una vez hagía finalizado el horario autorizado por el Ayuntamiento. Inquiridos por los agentes, los vendedores --en su mayoría rumanos--, manifestaron que habían pagado por instalar su puesto.
Señalaron a dos personas que se encontraban allí, y que resultaron ser un guardia civil retirado y el recurrente, quien no manifestó en ese momento su pertenencia a la benemérita limitándose a señalar que despendían de la Asociación de Comerciantes Ambulantes (ACA).
DABA EL "AGUA"
Uno de los agentes locales que intervino en esta actuación vio días más tarde al cabo primero en el sepelio del hijo de un compañero y allí se enteró que era guardia civil en activo. Días después se comprobó que el guardia civil realizaba en el mercadillo labores de control, de seguridad y de cobro de un "impuesto" a los comerciantes, además de darles el "agua", si la Policía local hacía acto de presencia.
En el momento de ser detenido a agente se le incautó una carpeta que contenía croquis de los puestos ambulantes en el mercadillo, recibos por 4 euros, tablas de control y las identidades de los comerciantes.
En ese momento alegó que cobraba por la instalación de los puestos una pequeña cantidad por la que obtenía una gratificación e 50 o 60 euros al día y que lo hacía porque "necesitaba dinero extra, pues estaba un poco 'cogido' con el tema de la hipoteca de la casa".
Añadió que no creía que estuviera haciendo nada malo porque "no estaba trapicheando con droga ni nada". La resolución del Supremo rechaza todos los motivos del recurso presentados contra la sanción de seis meses de suspensión, que se confirma.