La Fiscalía de Algeciras ha solicitado doce años de inhabilitación para cargo público para el alcalde de Tarifa, Juan Andrés Gil (PP), por un delito de prevaricación.
Según el escrito de acusación, al que ha tenido acceso Efe, los hechos se remontan a junio del 2011, cuando Gil tomó posesión de su cargo como alcalde de la localidad gaditana.
Entonces, el regidor tomó la decisión de despedir a M.A.M.S., un empleado público que había sido contratado tres días antes por el alcalde cesante, Miguel Manella (PSOE), como técnico de información turística "conforme a la normativa municipal, mediante la oportuna Mesa de Contratación".
A su llegada a la Alcaldía, Juan Andrés Gil despidió a este empleado público alegando que no había superado el periodo de pruebas, lo cual se considera desde la Fiscalía como "escandaloso", ya que sólo llevaba tres días.
En su sustitución, además, contrató a otra persona "sin ningún procedimiento de selección ni informes técnicos", un proceder que "se saltaba la legislación de contratación pública".
El escrito de acusación destaca el hecho de que "nada más llegar a la Alcaldía, contrató a un compañero suyo de partido, Cristóbal Iglesias Campos".
"El acusado -indica el informe- quería agradecerle los servicios prestados, pues Cristóbal que era Secretario de Organización del PSOE en Tarifa, había abandonando dicha formación poco antes de las elecciones para integrarse en el PP, partido al que pertenecía" el regidor.
De hecho, se pone el acento en que, mediante una resolución de 7 de julio del 2011, se contrató a Iglesias como trabajador temporal para el área de Cultura, ocupando el puesto que antes tenía M.A.M.S., reconociéndose en la propia resolución "que no se había llevado a cabo proceso alguno de selección, aduciendo unas pretendidas razones de urgencia que nunca existieron".
El informe emitido por el asesor jurídico de Personal determinó que, en materia de selección, "no consta proceso selectivo que garantice el cumplimiento del Estatuto Básico del empleado público", mientras que en relación a la modalidad de contratación "no resultado justificado suficientemente el objeto del contrato".
La Fiscalía describe que el alcalde de Tarifa "hizo caso omiso a estas advertencias, ya que su única finalidad era contratar a su amigo, aun obviando todos los requisitos legales para ello".
Por todo ello, la Fiscalía solicita doce años de inhabilitación para cargo público para Juan Andrés Gil por un presunto delito de prevaricación, así como ocho meses de multa con una cuota diaria de diez euros.
Además, pide diez años de inhabilitación para cargo público para Cristóbal Iglesias y ocho meses de multa con una cuota diaria de diez euros.