La Junta de Andalucía ha recurrido el auto que divide la causa por presunto fraude en subvenciones de la Junta andaluza para cursos de formación en 16 procedimientos, uno por cada empresa implicada, ya que estima, por un lado, que los delitos que se están investigando tienen "conexión entre sí" y pueden ser instruidos en "un único sumario", y, por otro, que abrir 16 procedimientos podría "dificultar la averiguación de los hechos, y su posterior enjuiciamiento, perjudicándose en suma la justicia".
En su recurso de reforma y subsidiario de apelación contra la decisión del Juzgado de Instrucción 4 de Almería, consultado por Europa Press, la Junta advierte del "peligro" del dictado de "resoluciones contradictorias" y señala que "podría darse el caso" de que unas "mismas autoridades y/o funcionarios se encontrasen simultáneamente imputados o desimputados por unos mismos hechos". "Y ello en 15 sumarios y causas distintas", apuntilla.
Cabe recordar que la juez María del Mar Cruz acordó en un auto dictado el pasado día 26 "desglosar" la causa de acuerdo a los 16 informes emitidos por la Policía Nacional, remitir lo actuado hasta el momento al Decanato de la capital para su reparto entre los distintos juzgados de instrucción y asumir las pesquisas sólo sobre una de ellas, en concreto, 'Centro de Estudios Andarax SL'.
Fundamentó su decisión en que no existiría, a su juicio, "relación ni concierto alguno entre las empresas y sociedades a las que se refieren los presentes autos, ni entre las personas responsables de las mismas e imputadas por estos hechos", por lo que consideró que no habría "razón alguna" que aconsejase "la continuación del trámite en un único procedimiento".
"Antes bien, por el contrario, se estima procedente la tramitación de un procedimiento separado por cada una de las mercantiles y sus correspondientes responsables para evitar la complejidad innecesaria de la causa y la indebida dilación de la misma", sostenía la magistrada en su auto.
Por contra, la Junta, personada en las diligencias previas incoadas en julio de 2014, afirma que, de lo investigado, se desprende que "todas las empresas objeto de investigación son beneficiarias de subvenciones, convocadas hasta donde sabemos en virtud de una misma resolución" y que los delitos investigados "guardan relación entre si, sea porque hubiera precedido concierto entre algunas de las personas implicadas, sea porque los delitos supuestamente cometidos sirvan como medio para perpetrar o facilitar su ejecución, sea porque entre los diversos delitos exista analogía".
Al hilo de esto, apunta que, a su juicio, la elaboración de 16 informes por cada una de las 16 empresas por parte de la Policía Nacional responde "a la claridad que a tales informes se les exige" pero, según remarca, "ello no quita para que existan razones jurídicas y prácticas para mantener la unidad de la instrucción".
"INCOHERENCIAS"
Entre las razones prácticas, al margen de "un peligro de orden jurídico", la Junta alude al hecho de que ha de recibirse declaración a las personas investigadas, tomar declaración a testigos, "más seguramente informes periciales, además de otras pruebas" y, todo ello, "en cada uno de los 15 sumarios que se abran y se repartan, multiplicándose el trabajo en los juzgados".
"Esto posibilita que se produzcan contradicciones e incoherencias entre los sumarios que, a juicio de esta representación, dificultarán la averiguación de los hechos y su posterior enjuiciamiento, perjudicándose en suma la justicia".
No obstante, la Junta propone que, si se requiriera para "facilitar las actuaciones", establecer "cierta separación" por razón de los imputados, se opte por la tramitación de "piezas separadas por cada una de las empresas o de los funcionarios investigados" por ser "más conforme con la finalidad de la investigación", concluye.
EMPRESAS INVESTIGADAS
Las empresas implicadas, tal y como se detalla en el auto recurrido, son Centro de Estudios Andarax SL; Granaforma SL; Allinfo Almería SL; Sicma Andalucía SL; Infocentro; Centro de Estudios Informáticos SL; Quintaeventos SL; Hostelería y Formación Indalo SL; Indalo Formación y Empleo SL; Inmecamar SL; Academia Infosol SL; Abakan Formación SL; Centro de Formación Indalo SL; Naos Consultoría e Información SL; Formación Hostelería del Sur SL; y Profesional de Salvamento y Socorrismo SL. El importe del presunto fraude ascendería inicialmente a "más de 4,9 millones de euros".
La investigación explotó en febrero y marzo con las detenciones practicadas el marco de las operaciones 'Edu Costa' y 'Edu Centro', que se saldaron con 31 arrestos, entre ellos, los concejales del PSOE de Vícar, José Luis Leseduarte, y de Roquetas de Mar, Juan Fernando Ortega, quien renunció a su acta de edil y se dio también de baja del partido.
En concreto, la Policía Nacional finalizó la operación 'Edu Costa' en Almería con la detención de 26 personas y la imputación de otra por un presunto fraude en la financiación de cursos de formación a través de 13 empresas en 2010 y 2011 con cargo a la partida 32D, reservada por el Servicio Andaluz de Empleo (SAE).
Por otra parte, la operación 'Edu Centro' se saldó con cinco detenciones en Almería, una de ellas de una persona vinculada a una empresa de Jaén.
En la denuncia que dio lugar al inicio de la causa, la Fiscalía apreció la existencia de indicios apuntaban a que "en la mayoría" de los beneficiarios de las ayudas se producían "graves incumplimientos de los requisitos" que la legislación y señalaban, "como más destacadas", el incumplimiento "generalizado del compromiso de contratación", la práctica de "caza de subvenciones" por parte de algunas empresas, la "falta de solvencia" y "experiencia" en la formación de algunas de esas personas físicas o jurídicas que reciben "la ayuda pública".