El Juzgado de lo Penal número 4 de Huelva ha vuelto a aplazar el juicio por la conducta de un empresario marroquí afincado en Cartaya, que trató como si fueran "esclavos" a cinco de sus trabajadores, también de Marruecos, en 2008. La vista oral, señalada para este martes, ha sido aplazada y, por el momento, se desconoce la nueva fecha para su celebración, según han informado a Europa Press fuentes del bufete Osuna.
Se trata del cuarto aplazamiento de este juicio, tras suspenderse en diciembre de 2010, en junio de 2011, en noviembre de 2014 y esta última, por distintos motivos. Cabe recordar que el pasado mes de noviembre, "las víctimas no comparecieron al juicio".
Los hechos se remontan a 2008 y la Fiscalía pide para este individuo 14 años de prisión calificándolos como constitutivos de un delito continuado de estafa, cinco delitos de imposición de condiciones laborales, un delito contra la Administración de Justicia y una falta de lesiones.
Según reza en el escrito de acusación, los demandantes se encontraban trabajando en esas fechas en una empresa textil en Marruecos cuando, a través de uno de sus jefes, conocieron al padre de este empresario quien les comunicó que su hijo necesitaba empleados para su empresa ubicada en Huelva, concretamente en Cartaya.
Para su traslado, éste supuestamente le pidió 7.500 euros para sufragar los gastos derivados del mismo y los de gestión de los permisos de trabajo y residencia que había que tramitarles en el organismo correspondiente.
El acusado les ofreció un sueldo de 1.500 euros al mes, trabajando la jornada laboral establecida en España, con categoría de especialistas en textil, que les proporcionaría una vivienda y que los domingos sería su jornada de descanso.
Sin embargo, una vez en Cartaya se enfrentaron a jornadas laborales de 12 a 15 horas diarias, descansando una hora para comer al mediodía, además "los amenazaba, les impedía que tuvieran trato o conversación con los otros trabajadores y en ocasiones llegó a maltratarles físicamente y a vejarles, golpeándoles y escupiéndoles a la cara".
En total, la acusación ha solicitado imponer al imputado una pena de prisión de 40 años y multa de 160 meses más 20 días de multa, a razón de seis euros diarios. Por último, ha considerado que el acusado deberá indemnizar a cada uno de los defendidos, en concepto de daños y perjuicios, con 60.000 euros.