El PSOE exige al "gobierno local del PP que controle la prestación del servicio de ayuda a domicilio. La gestión de la empresa ADL no está respondiendo al pliego de condiciones, y está empañada por irregularidades que el actual alcalde del PP no quiere aclarar".
"El penúltimo episodio ha sido la polémica de las certificaciones de retenciones e ingresos que han recibido las trabajadoras de ADL. Algunas han llegado a recibir hasta tres distintas, ya que las primeras no recogían con exactitud los cobros salariales brutos. La empresa había engordado estas partidas, y todavía no se explica si la corrección figura en poder del Ministerio de Hacienda", apuntan.
"Además, el pliego de condiciones por los que la empresa recogió una serie de mejoras que no se están prestando como se debería. El PSOE expresó en el momento de la concesión del servicio sus dudas porque todo indicaba que la adjudicataria había presentado una oferta temeraria. El tiempo ha demostrado también que la propia concesión que decidió Landaluce no cumplia con la ley", consideran.
"Este caso ya ha provocado una sentencia en contra que ha sido recurrida, pero que es una clara amenaza contra las arcas municipales por el pago que habrá que afrontar por el lucro cesante de la empresa perjudicada en la concesión. La situación la notan incluso los mayores atendidos, que han visto reducidas algunas horas en la duración del servicio de ayuda y otras actividades que se prestaban antes", alegan.
"Landaluce no puede mirar para otro lado como si no fuera con él. Eso es irresponsable y es un fraude político”, afirma Ana Jarillo, miembro de la candidatura del PSOE a las próximas elecciones municipales.
"Las irregularidades no terminan aquí. Ana Foncubierta, que abandonó la empresa por incapacidad permanente absoluta, sigue reclamando a la empresa el pago de 12.000 euros, reconocidos por ADL, en concepto de seguro colectivo de vida. También está pendiente de resolver la situación de Francisca Hermo, que espera su readmisión en la empresa tras resolverse a su favor la causa de su despido".
“Todas estas irregularidades y polémicas ya deberían haber provocado la atención del PP y de su alcalde, el señor Landaluce, pero está muy lejos de la realidad y de los problemas que preocupan a las personas, a los algecireños y a las algecireñas”, concluye Ana Jarillo.