Los grupos con representación en el Pleno de Los Barrios aprobaron por unanimidad un plan de pagos durante 14 años de un total de 4,6 millones de euros en concepto de justiprecio a la empresa Cortijo Grande Residencial SL por su reclamación judicial de derechos sobre una parte de los terrenos de La Gertrudis, concretamente por 20.000 metros cuadrados.
Según las fuentes consultadas, en virtud de esa demanda el Ayuntamiento podía satisfacer las pretensiones de la empresa bien con la superficie del terreno o bien con el montante económico de su valor en el momento de la adquisición, calculada en 320 euros el metro cuadrado (en total, 4.600.000 euros). Hoy, su precio sería mucho menor.
Fuentes de la corporación manifestaron que el asunto se presentó de urgencia en el último pleno, si bien se había planteado una semana antes en Junta de Portavoces.
Tal y como se planteó el tema a los componentes de los distintos grupos políticos, el acuerdo extrajudicial partía de informes del gabinete jurídico del propio ayuntamiento, y no por la mediación de gabinetes jurídicos externos.
Sin embargo, la información con la que no contaban los miembros de la corporación era de la posibilidad, planteada por Castillo, del supuesto ofrecimiento de cesión de esos 20.000 metros cuadrados, que hubiese supuesto la solución del problema a coste cero para el Ayuntamiento. Y ello pese a que Castillo había planteado esa posibilidad nada menos que en 2012, si bien asegura que nunca llegó a recibir respuesta por parte del Ayuntamiento. Largo proceso El contencioso de La Gertrudis se remonta a un proceso de expropiación municipal de la finca de la familia Los Abazolos, a la que, por un bien común, le pagaron 600.000 euros. El objetivo era la urbanización para la construcción de un polígono industrial.
La empresa municipal GAMA empieza a vender parcelas mediante contratos con opción de compra, con señales que oscilarían entre los 30.000 y los 70.000 euros, para luego abonar el resto de la cantidad cuando la parcela estuviera ya urbanizada.
En este proceso participaron en los últimos años alrededor de 40 empresas. Una de ellas, Iglesias Peral, la de Pedro Castillo, fue requerida por el propio Ayuntamiento para que fuera adelantando más cuantías de la inicial, hasta abonar 1.100.000 euros, quedándose con que lo único de lo que disponía era de una parcela sin desarrollar.
La empresa denunció al Consistorio por incumplimiento de contrato, y anota en el Registro de la Propiedad una prevención de embargo con medidas cautelares.
Al final, se estableció un porcentaje sobre las tres parcelas que componen la finca, tasándola en 1.200.000 euros. El desenlace fue una subasta, en la que no se produjo ninguna puja. Por ello, se decidió hacer una valoración del 70% sobre las parcelas, adjudicándose a Iglesias Peral.
