Así, si desde el ámbito judicial se denuncia la “injerencia” de los políticos por reclamar un aumento del castigo al juez Rafael Tirado –multado con 1.500 euros por no ejecutar una sentencia que condenaba al presunto autor de la muerte de Mari Luz por abusar de su hija–, el Ejecutivo dice que son los jueces los que “presionan” al Poder Judicial, que debe revisar el caso, para que no lo haga.
En la Administración de Justicia hay “un movimiento corporativo difícilmente explicable en términos de racionalidad”, declaró el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, que advertió a los participantes en las protestas: “Si alguien pretende ser intocable, no lo conseguirá. En el Estado de Derecho, si hay una negligencia tan grave, funcionan los mecanismos y se sanciona”.
Justicia no discute el éxito del paro de tres horas de los secretarios judiciales y cifra en un 73,2% su seguimiento, mientras que las asociaciones que representan a este colectivo afirman que más del 90% de los convocados se ha sumado a la protesta.
Especialmente significativo, según las cifras facilitadas por el Colegio Nacional de Secretarios Judiciales (CNSJ), fue el seguimiento en Sevilla, donde está destinada Juana Gálvez –suspendida de empleo y sueldo por dos años a raíz del caso Mari Luz– y donde sólo 6 de los 288 secretarios judiciales que allí trabajan no han secundado el paro.
En un comunicado conjunto leído frente a todas las sedes judiciales al término del paro, el Colegio Nacional de Secretarios Judiciales y la Unión Progresista de Secretarios Judiciales acusaron al Ministerio de Justicia de encubrir la ausencia de reformas modernizadoras con la sanción a su compañera y denunciaron que la verdadera causa de lo ocurrido es la insuficiencia de medios.
Los efectos de la protesta en el servicio público se han visto amplificados por las juntas de jueces que, coincidiendo con este paro, estaban convocadas ayer en la práctica totalidad de los tribunales españoles, lo que hizo imposible la celebración de juicios incluso en algunos lugares en los que sí había un secretario judicial disponible.
La celebración de estas juntas, que el secretario de Estado de Justicia, Julio Pérez, llegó a calificar de “huelga encubierta”, terminó con la aprobación de unos acuerdos en los que, además de reclamar más medios humanos y materiales, los magistrados denunciaron las presiones políticas que en su opinión sufre el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Especialmente duro fue el Tribunal Supremo, donde 46 magistrados de todas las tendencias ideológicas suscribieron un manifiesto en el que tildan de “intolerables” e “inaceptables” las manifestaciones “de relevantes sujetos públicos” y piden al CGPJ que no atienda a las demandas de una sanción “ejemplarizante” para el juez Tirado.
También los jueces de la Audiencia Nacional –donde según Justicia el paro de los secretarios judiciales ha tenido más seguimiento, con un 90,8%– denunciaron “las constantes injerencias de los responsables políticos” en las decisiones del CGPJ y dijeron que las críticas a éste persiguen “ocultar la responsabilidad del poder político en la secular carencia de medios” de los Juzgados.
Desde el Partido Popular, cuyo presidente, Mariano Rajoy, también mostró su disconformidad con la multa impuesta a Tirado, el portavoz de Justicia, Federico Trillo, admitió ayer que hubo “excesos de opinión” en las críticas a la sanción cuando “desde la política no debe hacerse una valoración de las decisiones internas en la órbita disciplinaria”.
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se reafirmó ayer martes, tras las protestas llevadas a cabo por los jueces en toda España que han paralizado la actividad de los tribunales, en que, “en el ejercicio de sus competencias, actuará siempre con total independencia y responsabilidad”, comentaron.
El padre de Mari Luz califica la protesta de “irresponsabilidad”
Juan José Cortés, padre de Mari Luz, tachó de “absoluta irresponsabilidad” el paro de los secretarios judiciales. Cortés manifestó que la iniciativa de los secretarios judiciales es “injusta” y que las “consecuencias de los errores de estos funcionarios las pagamos todos los ciudadanos”. “La Justicia ha de estar para el beneficio de la ciudadanía y no para que se manifiesten cuando se le imponga una sanción a un compañero que, como en este caso, es justificada y justa”, dijo el padre de Mari Luz. Además recordó que, como todos los colectivos profesionales, éste “está sometido a medidas disciplinarias y han de acogerse a ellas”.
“La huelga no es la mejor forma de mostrar su descontento”
El vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial, Fernando de Rosa, reprochó a los secretarios judiciales que la huelga, cuyas consecuencias pagan los ciudadanos, no es la mejor forma de mostrar su descontento con el Gobierno. “Los ciudadanos deben estar siempre delante de cualquier reivindicación en materia de Justicia”, señaló De Rosa que abogó por “intentar poner soluciones entre todos” para que una situación como la de ayer no vuelva a repetirse.
Es importante sacar conclusiones de la jornada de hoy (por ayer) y saber qué está ocurriendo en la Justicia”, subrayó el vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial en relación con las críticas del Ejecutivo a la sanción impuesta por la anterior composición del CGPJ al juez Tirado. De Rosa señaló que podrían suponer una “injerencia política”, tal y como denuncian jueces y secretarios judiciales, si dichas críticas acabaran influyendo en el Consejo, cosa que, aseguró, “no va a ocurrir en ningún caso”.
“La independencia de los jueces y magistrados es total”
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, aseguró que los jueces y magistrados ejercen su función con “total independencia” y les recordó que las decisiones del CGPJ pueden ser cuestionadas ya que no se trata de un órgano jurisdiccional y sus sanciones no son sentencias. En este punto recordó que el ordenamiento jurídico está dotado de plenas garantías y prevé instrumentos de reacción ante decisiones que “no gusten a determinados colectivos”, en relación a las sanciones de Tirado y la secretaria de su juzgado, Juana Gálvez, a raíz del ‘caso Mari Luz’. “Tengo un gran respeto por jueces, cumplen su función y lo hacen con absoluta independencia que tienen garantizada constitucionalmente y que respetamos escrupulosamente todos los poderes”, afirmó al ser interrogado por la huelga de tres horas que ayer protagonizaron los secretarios judiciales y por las quejas de los jueces que denunciaron las “inaceptables injerencias políticas” del Ejecutivo en el caso del juez Tirado.
“Los funcionarios pretenden convertirse en intocables”
La Unión de Consumidores y Usuarios (UCE) señaló que “no es de recibo” que los funcionarios de Justicia “pretendan convertirse en intocables ante las negligencias en su labor”. El portavoz de UCE, Dacio Alonso, empleó el calificativo de “corporativa” para referirse a la huelga que los secretarios judiciales convocaron ayer en protesta por la sanción de dos años de suspensión de empleo y sueldo impuesta a la secretaria judicial de Sevilla cuyo titular, Rafael Tirado, no ejecutó la sentencia que condenaba por abusos a su hija al presunto asesino de la niña de Huelva Mari Luz Cortés. “El Poder Judicial parece más preocupado por su estatus como poder dentro de la estructura del Estado que como servicio público a los ciudadanos”, aseguró Alonso.
El portavoz de la organización Unión de Consumidores y Usuarios (UCE) señaló ayer que a cualquier empleado que comete una negligencia o una irregularidad en su desempeño profesional se le sanciona, o incluso se le despide.