El tribunal de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Huelva ha escuchado este martes la declaración, como testigos, de dos guardias civiles en el juicio contra el exalcalde de Aljaraque Juan Manuel Orta (PP) por un delito contra la Hacienda Pública y por otro continuado de falsedad en documento mercantil; contra el que fuera su concejal de Urbanismo entre 2003 y 2007, Casto Pino, cuya esposa también ha declarado, y contra A.G.V., economista de profesión y socio del exprimer edil de una empresa.
Durante la intervención de uno de estos agentes, de Vigilancia Aduanera, éste ha remarcado que en el marco de la investigación hallaron un desfase de 300.000 euros en las cuentas del exalcalde desde 1997 a 2005, teniendo en cuenta los ingresos y los gastos.
El agente ha precisado que esta investigación partió de una unidad combinada entre la Guardia Civil y Vigilancia Aduanera, a raíz de una petición de auxilio por parte de la Agencia Tributaria para que se investigaran estos hechos.
Así, durante la misma, este agente ha señalado que desde noviembre de 2006 hasta febrero de 2007, que fue cuando se dictó un auto de incoación de diligencias previas, estuvieron "investigando sin dar cuenta al juez" y fue cuando "se focalizó la investigación en el defase patrimonial de 300.000 euros entre 1997 y 2005, entre lo que ingresó Orta y su volumen de gastos", etapa en la que tuvieron en cuenta todas las líneas de crédito de las que tenían conocimiento.
Preguntado por posibles ingresos anteriores a 1997, el agente ha señalado que investigaron informes de bancos "y parece que no tenía estos ingresos" con anterioridad.
INVESTIGACIÓN DE LA EMPRESA
Sobre la empresa, de la que exprimel edil y A.G.V., eran socios, ha remarcado que para analizar su situación se tuvieron en cuenta los balances, los ingresos legales declarados y las operaciones de compra y venta, concluyendo que "generaban bastante dinero en efectivo y que desde 2002 la empresa trabajó y recibió remuneración por parte de personas que no eran clientes y que rezaba como dinero negro".
De igual modo, ha asegurado que los administradores "retiraban grandes cantidades de dinero para su aprovechamiento personal, un dinero que a veces repartían y otras veces invertían en bienes inmuebles". No obstante, ambos guardias civiles han señalado que ninguno de los dos son economistas ni contables.
También ha declarado la mujer de Casto Pino, quien ha reconocido la posesión de una finca en Alosno y de dos naves en el polígono La Raya, en Aljaraque, que se compraron "con la economía familiar", a lo que ha añadido que su marido "lleva trabajando 40 años" y que contaban con el sueldo que ella percibe con su trabajo.
DINERO SIN DECLARAR
Cabe recordar que este lunes, tanto el exalcalde como el socio, acusado por un delito continuado de falsedad en documento mercantil y también contra la Hacienda Pública, reconocieron que, a través de la empresa, recibían dinero que "no declaraban".
Concretamente, durante su intervención Orta detalló que "declaraba lo que figuraba en su nómina", reconociendo que recibía otras cantidades, sin precisar la cuantía, por trabajos en la citada empresa que "no declaraba", mientras que su socio indicó también que "cobraba dinero negro que no declaraba". Por su parte, Casto Pino, acusado del delito de cohecho, contra la Hacienda Pública y de blanqueo de capitales, se acogió a su derecho a no declarar.
En cuanto a su patrimonio, el exprimer edil aseguró que en 2004 percibía ingresos como alcalde "de unos 60.000 euros anuales", un trabajo que compatibilizaba con el de abogado en la citada empresa. A su vez, en aquellas fechas hizo varias operaciones de compra y venta, por las que obtuvo plusvalía; su padre le donó 60.000 euros y su suegra, que estaba cobrando una herencia, también le donó esta cantidad a su mujer, con la que está casado en bienes gananciales. De igual forma, ha hecho hincapié que los otros dos pisos que rezan son de la empresa.
Del mismo modo, precisó que él tiene una propiedad en Islantilla que es suya y que la casa, que figura a su nombre en Isla Cristina, es de su padre. También remarcó que realizó varios ingresos en efectivo en una cuenta, pero no recuerda la cantidad.
Por su parte, este mismo lunes el tribunal de la Sección Primera declaró nulas las escuchas telefónicas y consideró prescrito el delito de falsedad documental, tal y como solicitaron los letrados durante la exposición de las cuestiones previas.
A su vez, el tribunal rechazó el recurso de súplica interpuesto por el Ministerio Fiscal y ha admitido nuevas pruebas periciales y documentales propuestas por las defensas. El juicio continuará este miércoles con las declaraciones de más testigos.
CINCO AÑOS Y MEDIO DE PRISIÓN
Cabe recordar que para el exalcalde el Ministerio Fiscal pide cinco años y medio de prisión por ambos delitos y además solicita una multa de más de 300.000 euros y la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas, y del derecho a gozar de beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante tres años.
A su vez, para Casto Pino la Fiscalía pide ocho años y medio de prisión por los tres delitos y su inhabilitación especial para empleo o cargo público durante cuatro años, además de una multa de 1,4 millones de euros. También solicita, al igual que para el exalcalde, la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante un tiempo de tres años.
Para A.G.V., las penas solicitadas por el Ministerio Fiscal son las mismas que para el exregidor, cinco años y medio de prisión y más de 300.000 euros de multa.
En concepto de responsabilidad civil la Fiscalía solicita que Castro Pino indemnice al Ministerio de Hacienda con la totalidad de la deuda tributaria no ingresada por el IRPF del año 2003 y 2005, que asciende a 512.506 euros; el exalcalde con 146.101,60 euros, que es la totalidad de la deuda por lo defraudado en 2004 y el acusado A.G.V., con 180.826 euros, que es la deuda contraída en este mismo periodo.
La causa comenzó a investigarse a raíz de una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción en Madrid presentada en enero de 2007 por un empresario y exmilitante del PP en la que acusaba a Orta y Pino del supuesto cobro de comisiones a cambio de licencias de obra y convenios urbanísticos. Por estos hechos, tanto el concejal como el exalcalde fueron detenidos en abril de 2008 quedando en libertad con cargos posteriormente.