La dirección del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados mantiene su decisión de congelar hasta después de las elecciones autonómicas y locales del próximo 24 de mayo la tramitación de la reforma parcial de la vigente Ley del Aborto de 2010, así como las sanciones a sus cinco diputados díscolos que no apoyaron el pasado 14 de abril la admisión a trámite de la proposición de ley 'popular'.
De esta forma pretende que la campaña electoral no se vea salpicada por las discrepancias existentes en el seno del PP por este tema, que ya ha costó una crisis de Gobierno por la renuncia del ministro Alberto Ruiz Gallardón al ver retirado su proyecto de ley y fugas de voto en el Grupo Popular en la última votación
Una vez asumida la renuncia a la reforma global de la ley socialista de 2010 que planteó Gallardón, el PP planteó este año una modificación puntual vía proposición de ley en el Congreso, pues si lo hubiera hecho como proyecto de ley del Gobierno tendría que haber pedido otra vez informe a los órganos consultivos del Estado (Consejo de Estado y Consejo del Poder Judicial).
Así, la reforma puntual se limita a hacer obligatorio el consentimiento paterno para las jóvenes de 16 y 17 años que quieran interrumpir de forma voluntaria su embarazo.
EL TRÁMITE PARLAMENTARIO
Como toda iniciativa legislativa presentada en el Congreso, tras su aceptación por el Pleno a mediados de abril se abrió un primer plazo de 15 días para que los grupos de la oposición presentase enmiendas. Inicialmente la Mesa del Congreso fijó que ese plazo acabe el 14 de mayo, pero los 'populares' van a favorecer prórrogas hasta el martes 26, ya pasadas las elecciones autonómicas y municipales.
Si la oposición quiere presentar enmiendas de totalidad, debe proponer un texto alternativo al del PP. Tanto el PSOE como Izquierda Plural piensan utilizar esta vía, según confirmaron a Europa Press, lo que exigirá un nuevo debate en sesión plenaria de la reforma, que podría celebrarse el mismo 28 de mayo.
Después será el turno de las enmiendas al articulado, que habrán de ser debatidas en ponencia, comisión y de nuevo en el Pleno del Congreso, donde para su aprobación se precisa de un mínimo de 176 votos (mayoría absoluta), ya que tiene rango orgánico.
Posteriormente la reforma pasará a tramitarse en el Senado, la segunda mitad de junio, y sólo volverá a debatirse en el Congreso si se produce algún cambio en la redacción, un escenario que el PP ha descartado para asegurar que la ley esté en vigor a comienzos de verano. El último debate parlamentaria antes de su remisión al BOE, según sus cálculos, será en la sesión plenaria que la Cámara Alta celebrará en julio.
RENUNCIAN A ENMIENDAS
A priori, la dirección del PP se inclina por no presentar enmiendas al texto de su proposición de ley, que en principio se tramitará sin cambios. Una de las razones ofrecidas tanto desde el Ministerio de Sanidad, como desde la dirección de los 'populares' en la Cámara, para no ir más allá es que sigue pendiente de resolución el recurso que el PP presentó en 2010 a la vigente Ley del Aborto ante el Tribunal Constitucional.
Antes del debate de totalidad, el PP manejó la posibilidad de introducir cambios para evitar fugas de voto en el Grupo Popular, pero detectó que los diputados antiabortistas sólo se darían por satisfechos con la derogación total de la ley de plazos de 2010.
Este grupo de diputados díscolos llegó a enviar dos cartas al Palacio de la Moincloa pidiendo la implicación del presidente Mariano Rajoy. Desde la dirección del Grupo Popular se reunieron con ellos y con representantes de la Conferencia Episcopal, y estaban dispuestos a aceptar algún retoque, pero comprobaron que no podían convencer a los llamados diputados provida.
La disidencia se plasmó en la votación del 14 de abril, donde en las filas del PP se registró un voto en contra, de la madrileña Eva Durán, enfrentada con el PP por la confección de las listas municipales, y el caso de otros cuatro diputados que se negaron a participar en la votación: José Eugenio Azpiroz, Lourdes Méndez y Javier Puente, tres de los firmantes de las cartas a Rajoy, y el melillense Antonio Gutiérrez Molina, de fuertes convicciones religiosas pero que nunca se implicó en polémicas con el partido.
La dirección del Grupo Popular tiene decidido aplicarles el reglamento interno y sancionarles, pero también ha dejado sus expedientes hasta que concluya la tramitación parlamentaria de la reforma, en previsión de que se produzcan nuevas disensiones en las votaciones que faltan.
Mientras tanto, el PP se puede encontrar con otr problema interno con las enmiendas parciales pues, aunque el Grupo Popular no prevé proponer cambios, el diputado de UPN, Carlos Salvador, se está planteando presentar una serie de propuestas que coinciden con los ejes del recurso que se presentó en 2010 ante el Tribunal Constitucional con la firma de Mariano Rajoy, Soraya Sáenz de Santamaría y decenas de diputados del entonces Grupo Popular en la oposición.
EL ESPEJO DEL RECURSO DE 2010
Según explicaba entonces el PP en una nota, la ley socialista tiene ocho preceptos "inconstitucionales", así como la disposición final segunda. Entre ellos apuntaba a la posibilidad de abortar en las 14 primeras semanas, lo que a su juicio "crea un sistema en el que la vida del no nacido queda absolutamente desprotegida", así como el reconocimiento al aborto en esas 14 primeras semanas, algo "incompatible" con la Constitución, que reconoce que "todos tienen derecho a la vida".
Asimismo, el PP consideraba "contrario a la Constitución" el régimen concreto de regulación de la objeción de conciencia plasmado en la ley, al limitarse sólo a parte del personal sanitario y exigir requisitos que limitan su ejercicio. Además, se recurrió la obligación de enseñar las materias relativas a la salud sexual y reproductiva desde una perspectiva ideológica de género, así como el que se obligue a la práctica clínica de abortos.
El diputado de UPN en el Congreso, Carlos Salvador, según confirmó a Europa Press, está estudiando presentar enmiendas para repescar estos puntos recurridos por el PP, lo que pondría al Grupo Popular en la incómoda tesitura de tener que rechazar aquello que recurrió por inconstitucional. Eso sí, la decisión final sobre sus propuestas tiene que pasar el 'filtro' de la Ejecutiva de UPN, socio electyoral del PP en elecciones generales.