La Policía Nacional ha detenido en Algeciras (Cádiz) a una pareja supuestamente dedicada a la explotación sexual de mujeres jóvenes, en situación de necesidad y vulnerabilidad, las cuales se veían obligadas a aceptar limitaciones sobre su libertad sexual.
Los detenidos, que regentaban un "piso de citas" en la localidad algecireña, han sido imputados como presuntos autores materiales de los delitos de prostitución coactiva, coacciones, asociación ilícita y contra la salud pública.
En una nota, la Policía explica que la investigación se inició a raíz del estudio de las actividades de un grupo delictivo dirigido por una mujer de 38 años asentada en Algeciras, la cual estaría llevando a cabo la explotación sexual de mujeres, tanto españolas como extranjeras, en situación de desamparo y vulnerabilidad social.
La investigada captaba a mujeres que se encontraban en situación social y económicamente precarias, ofreciéndoles la posibilidad de solucionar todos sus problemas a través de unas condiciones idílicas de la prestación del servicio.
La ahora detenida supuestamente establecía con las mujeres explotadas una cierta relación afectiva al acogerlas bajo su amparo, cobijo y protección en un momento de necesidad, situación que posteriormente es utilizada para aumentar el grado de dependencia psicológica y sumisión hacia los integrantes de la organización delictiva.
Con todo ello, incrementaban los beneficios obtenidos por la explotación sexual de las mujeres al aumentar la dependencia, lo que hacía que se convirtieran en una mera fuente de ingresos, debiendo obedecer todas las indicaciones dadas y someterse a las normas y "férreo control" establecidos.
El pasado mes de febrero se recibieron los testimonios de varias mujeres las cuales daban cuenta de una presunta actividad de explotación sexual coactiva dirigida por esta mujer. Las denunciantes comenzaron a ejercer la prostitución en Algeciras tras ponerse en contacto con la denunciada mediante un anuncio que vieron en una página web en Internet donde ofrecían la posibilidad de trabajar como 'scorts' obteniendo a cambio grandes beneficios económicos.
Una vez obtenidas pruebas suficientes, la Policía solicitó a la autoridad judicial mandamientos de entrada y registro de los inmuebles investigados, donde intervinieron numerosas evidencias de la actividad. Asimismo, se descubrió que en los domicilios había cocaína y hachís a disposición de sus clientes. En los registros practicados se intervino un total de 4.460 euros.
Fruto de las gestiones y pesquisas realizadas se recopilaron pruebas que incriminaron tanto a la investigada como a su pareja, con un reparto de tareas conformándose como un clan organizado dedicado al control de la explotación sexual de mujeres jóvenes.
SERVICIOS SEXUALES CONTROLADOS CON CÁMARAS
Detalla la Policía que la detenida ejercía un férreo control sobre las mujeres explotadas, las cuales no tenían libre acceso al piso y tenían que avisar de cuando empezaban y acababan de prestar servicios sexuales.
Al parecer, la supuesta cabecilla estaba presente en el momento de la llegada de los clientes e incluso hacía un seguimiento de los servicios prestados a través de un sistema de cámaras para ver si se desarrollan con las condiciones exigidas.
El detenido, pareja de la anterior, se encargaría de la recogida de los beneficios y de su custodia en el domicilio familiar. Con el dinero de los beneficios realizaba distintos ingresos y pagos. Entre los ingresos se encontraban los correspondientes a las rentas mensuales del arrendamiento del piso de citas.
Igualmente realizaba actividades accesorias o asistenciales necesarias para mantener el control permanente que su pareja realizaba sobre las mujeres explotadas. Otra de sus funciones era la de transportar a las mujeres explotadas en los servicios sexuales que prestaban en inmuebles ajenos al piso de citas, realizando tanto el traslado como la recogida.
EXPANSIÓN DEL NEGOCIO
Los detenidos tenían ingresos suficientes y tenían pensado expandir el "negocio" con la ubicación de más pisos de citas en otras localidades e incluso con expandirla a otras provincias, a pesar de los problemas ocasionados puntualmente con los vecinos de las casas citas y haberse trasladado hasta en tres ocasiones.
El lucro obtenido y buscado con la actividad era de tal medida que los miembros del clan utilizan intermediarios "para la realización de pagos y actividades de negocios, con objeto de que no se detecten sus ingresos".
Todo ello contrastaba con su situación económica declarada, teniendo en trámite varias ayudas económicas al haber alegado falta de ingresos de la unidad familiar.