El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Ayamonte ha decidido continuar investigando al alcalde de Cartaya, el independiente Juan Polo, por un presunto delito de prevaricación tras la realización de dos construcciones supuestamente en suelo no urbanizable, llevadas a cabo en 1995 y 2003, al considerar que se valió de sus cargos políticos para "favorecer la construcción ilegal y la no incoación del expediente de restauración de la legalidad urbanística infringida".
Según reza en el auto judicial, al que ha tenido acceso Europa Press, la juez ha rechazado el recurso de reforma interpuesto por el primer edil y continúa las presentes diligencias previas por un presunto delito de prevaricación.
El juzgado, vistas las alegaciones formuladas por el querellado, querellante y el Ministerio Fiscal, ha desestimado el recurso del alcalde acogiendo los argumentos expuestos por la Fiscalía, ya que si bien respecto al delito contra la ordenación del territorio "no cabría pedir responsabilidad penal por haber prescrito, ni por la comisión de un delito contra el Medio Ambiente al no acreditarse la intensidad lesiva, no ocurre lo mismo respecto al delito de prevaricación".
En este sentido, la juez entiende que "sí se desprende que existen indicios racionales de criminalidad puesto que el querellado", ocupando distintos cargos políticos, bajo las siglas del PSOE, desde 1995 y hasta finalmente convertirse en alcalde independiente de la localidad en 2011, "se prevalió de los mismos para favorecer la construcción ilegal y la no incoación del expediente de restauración de la legalidad urbanística infringida". Por ello, señala que deben continuarse las presentes diligencias previas.
Del mismo modo, indica que, del resultado de las diligencias instruidas, se desprende la existencia de indicios que demuestran el ánimo o voluntad del querellado, concejal y alcalde, para omitir la emisión de resolución alguna sobre la restauración de la legalidad urbanística de las obras sin licencia (nave y ampliaciones), de forma arbitraria, al apartarse de los requerimientos y no ajustarse a la legalidad vigente requerida por los organismos del Servicio Territorial de Fomento y Medio Ambiente y del Ministerio Fiscal.
Por último destaca que respecto de la posible comisión del delito de falsedad documental éste se hallaría prescrito.
Cabe recordar que por estos hechos, a principios de marzo, declaró el primer edil cartayero. Durante su declaración, expuso que "cumplió todos los requisitos para construir una vivienda en 1995 y un almacén en 2003". De hecho, precisó que "la protección que tenían los terrenos, donde construyó, era agrícola y de restricción municipal y no paraje natural", no obstante señaló que sabía que "esos suelos tenían especial protección, pero que conocía que pronto se iban a regularizar".
"No he usado mi cargo para favorecer ninguna edificación. Nunca he firmado ningún documento sin competencias y no he informado favorablemente ninguna licencia urbanística", enfatizó Juan Polo, teniendo en cuenta que además de ser alcalde desde 2011, también fue teniente de alcalde del área de Deporte entre 1995 y 1999 y concejal en la oposición desde 2007 a 2011.
De igual modo, insistió en que la querella interpuesta contra él "se debe exclusivamente a motivos políticos ya que el denunciante pertenece al partido de la oposición".
INTERVENCIÓN DEL DEFENSOR
Cabe recordar también que en este asunto ha intervenido el Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, quien admitió a trámite en octubre una queja de un vecino de Cartaya, que remitió el pasado mes de marzo un escrito al Ayuntamiento de la localidad en el que solicitaba información sobre la construcción de estas dos "viviendas", propiedad del alcalde, supuestamente en "suelo no urbanizable".
Sin embargo, en diciembre este vecino volvió a pedir de nuevo la intervención del Defensor al considerar que la documentación aportada por el primer edil era "parcial", ya que únicamente aporta los expedientes de licencia de obras de estas dos viviendas, cuando había reclamado otros cuatro documentos, concretamente los dos expedientes de disciplina urbanística, si los hubiera, tramitados para sancionar la "infracción", y en consecuencia, los dos expedientes de restablecimiento de la legalidad urbanística, que es lo que le ha solicitado el juzgado.
