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Viernes 15/11/2024
 

Provincia de Granada

El PSOE acusa al PP de "pucherazos" en varios municipios con medio centenar de empadronamientos irregulares

Según denuncian los socialistas, los alcaldes del PP llegan a utilizar su propia vivienda o la de alguno de sus concejales para garantizarse el voto de los nuevos empadronados, bien sea presencialmente o por correo

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  • José Entrena -

El PSOE ha acusado este miércoles al PP de perpetrar presuntamente "pucherazos electorales" en varios municipios de la provincia de Granada al promover medio centenar de empadronamientos supuestamente irregulares en pequeñas localidades donde los resultados de las elecciones se deciden por un estrecho margen de sufragios.

   En rueda de prensa, el vicesecretario general del PSOE de Granada, José Entrena, ha criticado "el uso y el abuso" que algunos candidatos 'populares' están llevando a cabo en relación al censo de ciudadanos no residentes en sus municipios para obtener su respaldo electoral.

   Para ello, según denuncian los socialistas, los alcaldes del PP llegan a utilizar su propia vivienda o la de alguno de sus concejales para garantizarse el voto de los nuevos empadronados, bien sea presencialmente o por correo.

   Entrena ha explicado que los "sospechosos" incrementos del padrón municipal se produjeron en su mayoría en los dos últimos meses del año 2014, justo antes de que acabase el plazo legal establecido el 1 de enero de este año.

   El dirigente socialista ha considerado "pintorescos y curiosos" empadronamientos como los registrados en el municipio de Busquístar, gobernado por el PP, donde 13 vecinos aparecen censados en un mismo domicilio, pese a que su residencia habitual está en Balerma (Almería).

   En este municipio, una edil del gobierno local (PP) también tiene censados a parte de sus familiares, a pesar de que éstos residen en el área metropolitana. Los socialistas han aludido además a casos registrados en Morelábor.

   Aquí, el alcalde tiene empadronado en una vivienda de su propiedad a un contratista habitual del Ayuntamiento, que también tiene su residencia habitual en el área metropolitana.

   Entrena se ha referido además a Monachil, también con gobierno del PP, donde una concejal del equipo de gobierno tiene empadronada en una vivienda familiar a una trabajadora municipal residente en Huétor Vega y a tres familiares de ésta.

   Sin embargo, el caso "más flagrante", ha asegurado, afecta al Ayuntamiento de Cogollos de Guadix, cuyo alcalde, Eduardo Martos, es además un alto cargo de la Diputación Provincial, ya que ejerce como director del Cemci.

   Durante los últimos dos meses del año, el padrón municipal se incrementó en 30 vecinos, seis de los cuales aparecen registrados en el domicilio particular del alcalde.

   Aquí sólo residen habitualmente tres personas, entre ellas, el propio regidor, lo que elevaría a nueve el número de habitantes en la vivienda.

   Entrena ha denunciado que algunos de los nuevos ciudadanos censados en la localidad aparecen empadronados en viviendas sin suministros de luz ni agua potable e incluso en un aljibe, un almacén de agua.

   "El PP pretende propiciar un pucherazo electoral en estos municipios", ha alertado el vicesecretario general, quien ha incidido en el estrecho margen de votos del que dependen los resultados electorales por el pequeño número de residentes en esto municipios.

   De hecho, 12 ayuntamientos eligieron a sus alcaldes en 2011 por un margen inferior a diez sufragios, por lo que estos empadronamientos irregulares pueden ser definitivos para decantar el gobierno de la localidad, ha advertido. El dirigente socialista ha reclamado explicaciones al presidente provincial del PP, Sebastián Pérez.

   "Ha de actuar, velar por la limpieza democrática y propiciar que los alcaldes se elijan según la decisión libre de los ciudadanos", ha afirmado.

   Ante las dificultades impuestas por la legislación electoral y la ley de protección de datos para adoptar medidas que contribuyan a "atajar" este tipo de prácticas "caciquiles", los socialistas no descartan acudir a los tribunales ordinarios de justicia si finalmente los resultados de los comicios se ven adulterados por este tipo de actuaciones.

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