El juzgado de lo Contencioso Administrativo de Huelva ha condenado a la Consejería de Justicia e Interior a abonar 46.800 euros, más los intereses de demora, a los herederos de un perito judicial por los informes periciales realizados para los juzgados de Moguer y que no le pagaron.
La sentencia, que ha sido confirmada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, es consecuencia del pleito iniciado hace cinco años por el perito, ya fallecido, según ha informado la Asociación de Peritos Judiciales y Tasadores de Andalucía (APTJA) en un comunicado.
La Consejería de Justicia ha argumentado en el procedimiento que existía un contrato con una empresa de servicios para que hiciera ella los trabajos periciales y tasaciones en los juzgados de esta provincia.
Pero el juez expone, ha asegurado la asociación, que si no se informó y "existió un fallo de comunicación a los órganos judiciales, no puede perjudicar a quién legítimamente cumplió con los encargos efectuados".
La resolución recoge también "que habría enriquecimiento ilícito de la administración" si no se abonan los trabajos y obras servicios realizados y entiende que el perito judicial no ha "actuado de mala fe", ya que ha realizado el servicio, la pericial, por encargo del juzgado.
Añade el magistrado que los honorarios se ajustan a las normas de honorarios de la Asociación de Peritos y Tasadores Judiciales de Andalucía.
