La Fiscalía de Huelva, tras la celebración del juicio, ha mantenido la petición de condena de 5 años y medio de cárcel para el exalcalde de Aljaraque Juan Manuel Orta (PP), tres y medio de ellos por un delito contra la Hacienda Pública y los otros dos por un delito continuado de falsedad en documento mercantil.
También ha hecho lo mismo en el caso de los otros dos acusados, el que fuera concejal de Urbanismo de Orta, Casto Pino, y A.G.V., economista de profesión y socio del exregidor en la empresa 'Taller de Finanzas S.L.', y todo por considerar que urdieron "una gigantesca y sistemática operación de defraudación a la Hacienda Pública", según han informado a Efe fuentes jurídicas.
Además de la petición de cárcel el fiscal solicita para Orta una multa de 303.000 euros de multa, así como la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social por periodo de tres años.
En cuanto a Pino considera la Fiscalía que es responsable de un delito de cohecho por el que le solicita tres años de prisión y su inhabilitación especial para empleo o cargo público durante cuatro años, además se enfrenta a un año y medio y multa de 600.000 euros por un delito blanqueo de capitales, y a cuatro años de cárcel y multas de 300.000 y 500.000 euros por dos delitos delito contra la Hacienda Pública.
Suma también la Fiscalía como en el caso de Orta la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante un tiempo de tres años.
Por lo que respecta A.G.V. las penas solicitadas para él por el Ministerio Fiscal son las mismas que para Orta, su socio en la empresa.
En concepto de responsabilidad civil entiende la Fiscalía que Pino debe de indemnizar al Ministerio de Hacienda con 512.510 euros por la deuda tributaria no ingresada por el IRPF en los años 2003 y 2005; mientras que el exalcalde lo hará en la cuantía de 146.101,60 euros, por la cuota defraudada en 2004 y su socio en 180.826,95 euros por lo defraudado ese mismo año.
La Fiscalía ha mantenido las penas con respecto al delito de falsedad a pesar de que en el juicio la Sección Primera de la Audiencia Provincial resolvió darlo por prescrito, y ello, porque cabe la posibilidad de que ésta sea recurrida ante el Supremo.
Por su parte, la Abogacía del Estado también ha mantenido las peticiones de condenas, que van en línea similar a la de Fiscalía, mientras que las defensas han pedido la absolución.
El juicio contra estas tres personas comenzó el pasado 20 de abril y tras celebrarse varias sesiones sueltas quedó visto para sentencia ayer.