Los adjudicatarios las 72 viviendas de protección oficial cuya construcción quedó paralizada en 2010 en Tomares (Sevilla) piden al Ayuntamiento, gobernado por José Luis Sanz (PP), que ejecute el aval de 1,5 millones de euros ligado a la adjudicación del proyecto al Grupo Ferro, ahora convertido en la sociedad Urbanizadora Rojas, para que la administración local restituya "de forma subsidiaria" a los afectados el dinero adelantado para acceder a los pisos.
Hablamos de las viviendas protegidas del residencial Aldana, promovido en Tomares por el Grupo Ferro merced a un programa de la Junta de Andalucía y formado por cuatro bloques de viviendas. Los tres primeros bloques fueron finalizados, pero las obras del último de ellos, formado por 72 viviendas, fueron paralizadas allá por 2010 y el plazo de entrega, fijado en el tercer trimestre de 2011, ha quedado ya sobradamente superado sin que los adjudicatarios cuenten con los inmuebles pese a haber anticipado entre todos un montante global de 1.232.884 euros.
El colectivo de adjudicatarios, en ese sentido, denuncia que el conflicto ha derivado en una situación en la que las obras de las viviendas no son reanudadas, pero tampoco obtienen la devolución de las cantidades anticipadas a la promotora para el arranque de los trabajos de construcción.
SIN VIVIENDA NI DINERO
Si bien la promotora, presidida por Juan Rojas, se comprometió en su momento a saldar la deuda contraída con los adjudicatarios mediante un talón nominativo, los adjudicatarios siguen aún sin percibir las cantidades que en su momento adelantaron a la promotora.
Buena prueba de ello es la demanda promovida por uno de los afectados, Adrián Maesso, reclamando que la Justicia declarase resuelto el contrato de compraventa que él mismo firmó en 2009 para hacerse con una de estas viviendas, y solicitando igualmente el reingreso de 9.511 euros entregados a la promotora "más el interés del 20 por ciento sobre las cantidades entregadas anticipadamente de 19.511 euros".
Después de que la parte demandada se allanase "íntegramente", según una sentencia del Juzgado de Primera Instancia número diez de Sevilla emitida en mayo de 2013 y recogida por Europa Press, la citada instancia judicial declaraba resuelto el citado contrato de compraventa y ordenaba restituir a este afectado los citados 9.511 euros "más el interés del 20 por ciento sobre las cantidades entregadas anticipadamente de 19.511 euros", imponiendo además las costas a la promotora.
Se trataría de unas de las muchas sentencias emitidas en ese sentido por los juzgados de Primera Instancia, toda vez que un portavoz de los afectados a manifestado a Europa Press que pese a los fallos judiciales favorables a los adjudicatarios, el Grupo Ferro no ha dado cumplimiento a las sentencias, es decir no ha entregado a los afectados las cuantías económicas reclamadas por la resolución de los contratos de compraventa dado el incumplimiento de los términos de dichos contratos.
QUE SE EJECUTE EL AVAL
Los afectados, en ese sentido, recuerdan que el Ayuntamiento de Tomares contaría con un aval de 1,5 millones de euros ligado a la adjudicación al Grupo Ferro de la construcción de estas viviendas protegidas, por lo que reclaman la ejecución del aval, porque con el mismo el Consistorio "podría responder de forma subsidiaria, devolviendo a los afectados el dinero que les pertenece". "Reclamamos que se desbloquee el conflicto, que ha derivado en una situación en la que las obras no son reanudadas y la promotora no devuelve el dinero pese a que tiene numerosas sentencias en contra".
Los afectados, además, exponen que su situación ha empeorado tras "gastar dinero" en litigios judiciales resueltos de forma favorable, incluso con la condena en costas al Grupo Ferro, dado que la empresa no estaría dando cumpliiento a las sentencias que le obligan a restituir a estas personas el dinero adelantado más los intereses. "Los abogados de la promotora ni siquiera se presentan a los juicios. Hay afectados que no han podido recurrir a los tribunales porque muchos no tienen dinero y están parados", exponen.