“Instamos a los países pertinentes a que respeten las leyes internacionales y las normas de las relaciones diplomáticas, y a que no alienten a las fuerzas separatistas”, señaló un portavoz de la cancillería china, Ma Zhaoxu, al ser preguntado en rueda de prensa si su Gobierno permitirá el interrogatorio a los ocho implicados. “El incidente del 14 de marzo que tuvo lugar en Lhasa el año pasado es un acto criminal grave de violencia. El Gobierno chino tiene derecho a tratarlo de acuerdo con la ley”, agregó Ma.
El portavoz se limitó a repetir esta declaración en sucesivas preguntas sobre si su Gobierno permitirá a los ocho altos cargos viajar a España para ser interrogados, y declinó comentar si esta petición dañará las relaciones bilaterales entre Pekín y Madrid.