La Junta de Andalucía ha iniciado un procedimiento para una eventual suspensión de la concesión de la mina de Aznalcóllar, un proceso que investiga una juez de Sevilla, que en un auto dijo que la Administración actuó sin "el más mínimo rigor" y pese a que fue donde se produjo el vertido tóxico en 1998.
La resolución de la dirección general de Industria, Energía y Minas de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo,a la que ha tenido acceso Efe, se emitió el pasado 22 de mayo, ocho días después de que la presidenta andaluza, Susana Díaz, dijera que se había paralizado el procedimiento de concesión.
La Junta ha iniciado "un procedimiento administrativo para establecer una condición cautelar suspensiva en los efectos de aceptación de la adjudicación" para que "no empiecen a correr los plazos, derechos y obligaciones que para la Administración y concesionarios se derivarían".
La resolución ha sido entregada en el juzgado de instrucción 3 de Sevilla, cuya titular, Patricia Fernández, se encargó de la denuncia presentada por Emerita Resources España SLU, una de las dos empresas que accedieron a la fase final del concurso, resuelto por la Junta de Andalucía el 20 de febrero en favor de la entidad Minorbis-Grupo México (filial de Magtel).
Según la juez, no se ha apreciado que la empresa ganadora "cumpliese las exigencias mínimas, ni siquiera, para superar la primera fase del concurso de adjudicación".
En su resolución, la dirección de Industria, Energía y Minas asegura que el 13 de mayo se conoció, a través de los medios de comunicación, el auto de la juez, en el que se acuerdan unas diligencias probatorias tras el atestado policial incorporado a la causa.
A juicio de la policía judicial, señala la resolución, se revelaban "la concurrencia de hechos acaecidos durante el procedimiento del concurso, calificados como irregularidades graves, 'al menos indiciariamente'".
Por ello y debido a la "necesaria estabilidad de la posición de todos los interesados", explica la dirección de Minas, "parece adecuadamente ponderado establecer formalmente por la Administración Minera de Andalucía una condición cautelar suspensiva a los efectos de la aceptación de la adjudicación".
Antes de tomar esa decisión, la dirección de Minas ha pedido a la empresa adjudicataria que presente las alegaciones que estime oportunas.
