El exdirector gerente del Instituto balear de Estrategia Turística (Inestur) Antoni Oliver, el exjefe del área de inversiones de esta empresa Antonio Rebassa, y el publicista Antonio Ávila, han hecho frente al pago de 18.279 euros en favor de la Conselleria de Turismo del gobierno de Baleares, tras haber reconocido que malversaron esta cantidad por un trabajo que Ávila no llevó a cabo.
Así se ha dado a conocer durante el juicio reanudado este martes y visto para sentencia en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Palma, enmarcado en la pieza número 8 conocido como caso Voltor. La vista fue aplazada a finales de mayo al encontrarse pendiente el pago del dinero que los procesados han abonado de forma conjunta a favor de la Conselleria de Turismo, de la que depende el Inestur.
Más en concreto, Oliver ha pagado el 80 por ciento de la cantidad desviada mientras que Rebassa y Ávila han hecho frente a un 10 por ciento cada uno.
En cuanto a las penas a las que se enfrentan, la Fiscalía Anticorrupción ha rebajado sus peticiones a 10 meses de prisión a sustituir por 12.000 euros de multa en el caso de Oliver y Rebassa (frente a los cinco años y siete meses que les reclamaba al principio), y a otra multa de 1.800 euros para el contratista (se enfrentaba a una reclamación inicial de tres años y tres meses de prisión).
Los hechos sucedieron en 2009 cuando Oliver y Rebassa decidieron "de manera arbitraria" beneficiar al empresario con fondos públicos del Govern, tal y como consta en el escrito de conformidad rubricado por Fiscalía, Abogacía de la Comunidad Autónoma y defensas.
Para ello, dieron las órdenes e instrucciones precisas al personal del organismo autonómico a fin de preparar un expediente de contratación menor bajo el nombre 'Planos cicloturismo Mallorca, Menorca, Ibiza de montaña y carretera, folletos itinerarios culturales guiados, folletos Nordic Walking'.
En ejecución del plan, el empresario, administrador único de la sociedad Formularios y Papel Continuo SL, presentó y cobró del Inestur cuatro facturas por importe de 3.843 euros, 324, 8.108 y 6.003, respectivamente, sin aportar el trabajo para el que había sido contratado.
En su declaración durante la instrucción del caso, Oliver admitió que firmó las facturas relativas a este pago pero aseguró desconocer cómo fue la mecánica y la tramitación del expediente puesto que, arguyó, de ello se encargaron los técnicos. El imputado incidió en que a él le presentaban las facturabas y estampaba en ellas su rúbrica.
ORIGEN DEL CASO VOLTOR
El caso Voltor estalló en febrero de 2010 por orden del Juzgado de Instrucción número 10, encargado del caso tras la querella que interpuso la Fiscalía contra numerosos exaltos cargos públicos a raíz del elevado desvío de fondos que, a través de procedimientos negociados sin publicidad, acabaron en manos de empresarios afines a la extinta Unió Mallorquina (UM).
Dividido en más de 15 piezas separadas, la causa indaga asimismo contratación con fondos públicos de militantes de UM que, según las investigaciones, se habrían limitado a llevar a cabo trabajos en favor de la formación regionalista.
El estallido de la causa, con la detención de varios exresponsables de UM, provocó una crisis sin precedentes en el Ejecutivo autonómico, cuyo entonces presidente, Francesc Antich, decidió expulsar a todos los cargos ejecutivos de esta formación de las principales instituciones de las islas, rompiendo así el pacto de gobernabilidad firmado con los 'uemitas' en 2007.
PRINCIPALES IMPUTADOS Y CONDENAS
Entre los principales imputados del caso se encuentran la expresidenta del Parlament y del Consell de Mallorca Maria Antònia Munar, el exconseller de Turismo del Govern Francesc Buils y los exconsellers insulares Miquel Nadal y Miquel Àngel Flaquer.
En el caso de Munar, en prisión desde julio de 2013 y sobre quien pesan dos condenas firmes que suman once años y medio de cárcel por otros dos causas de corrupción, se enfrenta a una petición de ocho años en el caso Voltor por liderar una trama por la que fueron contratados con fondos públicos militantes que en realidad se dedicaban a realizar trabajos y buscar votos en favor de UM.
Por su parte, Nadal, también en la cárcel desde agosto de 2013, fue condenado a cuatro años por una pieza del caso Voltor por gratificar con 13.080 euros públicos al exalcalde de Sóller Tomás Plomer por sus trabajos a favor de la formación 'uemita'.
Mientras tanto, sobre Buils pesan tres años de cárcel por otra pieza a raíz de haber gratificado con 15.000 euros públicos al exalcalde de Sóller Antoni Arbona. Cumple condena en prisión desde julio de 2013. Rebassa también ingresó en la cárcel ese mismo mes al ser condenado por los mismos hechos a cuatro años y medio de cárcel.
